«La educación es una de las áreas donde la religión tiene una mayor presencia», concluye la Fundació Ferrer y Guàrdia, mientras colectivos laicistas demandan una escuela pública sin presencia confesional.
Uno de los ejes estratégicos fundamentales de la actividad de la Iglesia en España y que explica en parte –aunque menguante– su poder actual, 47 años después de la promulgación de la Constitución, es el de la educación.
Más allá de la asignatura confesional de religión (que se oferta en horario lectivo en todos los colegios del país, y que aún mayoritariamente, salvo en cuatro Comunidades Autónomas, madres y padres la eligen para sus descendientes), es el sistema de conciertos educativos establecido en 1985, con el PSOE en el Gobierno, el que ha sostenido y mantenido esa influencia.
Este sistema lleva a la transferencia cada año de miles de millones de euros a manos privadas, mayoritariamente católicas. Según datos del ministerio de Educación del último año disponible, 2023, fueron 7.783 millones, una cifra récord, los que destinaron los gobiernos autonómicos a los colegios concertados, que son en su mayoría católicos: (casi el 70%, según los datos de Escuelas Católicas, que los agrupa).
Estos transmiten, en palabras de la Conferencia Episcopal, «un conjunto de valores a la luz del evangelio que implican una formación integral de la persona, contribuyendo al desarrollo de valor para la sociedad en su conjunto».
Las cifras son estas: En España hay hoy, según la última memoria de la Conferencia Episcopal, 2.402 centros católicos concertados, en los que hay matriculados 1.498.182 alumnos. Sus profesores son en su mayoría seglares, el 97%. Un 3% es personal religioso.
Hay también centros concertados con ideario laico, pero son los menos. La cifra total de alumnos en centros concertados supera por poco los dos millones —2.044.247 en el curso 23/24—, según el ministerio de Educación. Esto implica que tres de cada cuatro alumnos en colegios con concierto están en centros católicos.
Sobre el total de alumnos matriculados en España en todo tipo de centros (públicos, concertados y privados), la Fundación Ferrer i Guàrdia, que analiza año tras año en su informe Laicidad en cifras la influencia del catolicismo, afirma en su último trabajo que «dos de cada 10 estudiantes están matriculados en centros educativos confesionales»: «La educación es una de las áreas donde la religión tiene una mayor presencia».
En España hay, según la Conferencia Episcopal, un total de 2.536 centros educativos católicos, de los que en torno a un 94% son concertados y, por tanto, reciben financiación pública. «Los centros católicos representan el 9% del total de centros educativos del Estado, con una presencia especialmente significativa en Cantabria, La Rioja y las Islas Baleares. Estos datos reflejan la financiación de la educación religiosa con fondos públicos, en un contexto en el que la escuela pública pierde plazas», recoge la Fundació Ferrer y Guàrdia.
Segregación
Los acuerdos con la Santa Sede de 1979 sellan este sistema. Fueron cuatro los pactos, uno de ellos sobre enseñanza y cuestiones culturales. Ahí se recoge: «A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. En todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana».
Más allá de estos pactos, para Óscar Celador Angón, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Carlos III, la clave está en el artículo 27.9 de la Constitución Española, que dice: «Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca».
«Los diferentes legisladores —analiza el profesor Angón— que se han sucedido en democracia han apostado por modelos diferentes (y decidiendo cuáles son los requisitos, por ejemplo el caso de la educación diferenciada). La clave está en que la escuela concertada no segregue en la escolarización, atendiendo al nivel socioeconómico de los padres, y a que la concertación no se haga a costa de la escuela pública que, por definición, es la escuela de todos, y presta un servicio público capital para los fines del Estado social».
La Conferencia Episcopal asegura a Público: «La ley reconoce estos centros como complementarios de la educación pública y la coexistencia de redes educativas garantiza la pluralidad educativa y la capacidad del Estado de responder al artículo 27 de la Constitución española. La financiación de centros privados, dentro de los límites que marca la normativa, está ampliamente extendida en Europa».
Según concluyen numerosos estudios, la escuela concertada en España tiene la capacidad de seleccionar al alumnado, lo que contribuye a «ampliar la segregación escolar». Un reciente informe de la ONG Save The Children así lo expresa: «La mayor brecha socioeconómica entre centros concertados y públicos de los países de la OCDE» se produce en España. Esto «se explica por la desigual composición socioeconómica entre escuelas concertadas y públicas».
A pesar de que la educación obligatoria se debe impartir gratuitamente, está extendido en los colegios concertados el cobro de las llamadas «cuotas voluntarias«.
«Para muchas familias, la escuela concertada no es una opción viable al no poder permitirse estos desembolsos, que de media son de 68 euros al mes en primaria y de 57 euros en secundaria obligatoria», expone Save The Children.
En su memoria, la Conferencia Episcopal vende, empero, que la escuela concertada supone un ahorro multimillonario para el Estado —de 4.604 millones de euros— basándose en el coste medio por alumno. «Lo que se hace es una transferencia del gasto a las familias», resume en conversación telefónica con Público Sergio López, coordinador de la Campaña por una Escuela Pública y Laica: Religión fuera de la Escuela, que promueven 61 organizaciones.
Así lo expresa, por el contrario, la Conferencia Episcopal: «Se trata de una formación de calidad, con buenos resultados académicos, de gran demanda por parte de los padres y que supone un importante ahorro al Estado por la eficiencia en la gestión del gasto en los centros y la baja dotación de los conciertos en comparación con la enseñanza pública. Estudios recientes han demostrado el impacto positivo multiplicador que tiene la educación católica en España».
«Sin el poder de la jerarquía católica no existiría la concertada«, considera López. «No es que se aprovechen de una situación coyuntural. Cuando se produjo la transición, la Iglesia encontró en eso que llamamos la concertada una vía de reclutamiento de vocaciones y de financiación, más allá de la vía oficial, que es la asignación por IRPF. No solo es el hecho de la titularidad de estos centros. A partir de ellos hacen negocios: no es raro ver un gimnasio o un parking, al final es dinero para la caja. La enseñanza concertada es un invento para favorecer a la Iglesia«.
Para Enrique Javier Díez Gutiérrez, pedagogo y profesor de la Facultad de Educación en la Universidad pública de León, «hay dos cuestiones básicas en este tema». Por un lado, que este sistema de conciertos es «el primer factor de segregación educativa y social en este país». Y, por otro, la incapacidad de la política por modificarlo: «El PSOE nunca ha tenido voluntad política para suprimir los conciertos educativos», considera el profesor.
«En 1985, —expone Díez Gutiérrez— el PSOE con Felipe González estableció por ley que los colegios concertados podían tener ideario propio. Ese ideario lo establecen sus dueños. Se selecciona al profesorado en función de esa ideología. Usan el material escolar afín a esa ideología. Es decir, lo que alimentan son las dos Españas de alguna forma».
La segregación genera un fenómeno «aspiracional». «¿Cuál es la razón por la que se eligen los centros concertados? Gimeno Sacristán, maestro de pedagogos, lo dejó bien claro en estos términos: en esos centros no están ni minorías, ni migrantes, ni alumnado con necesidades. En resumen, son centros que seleccionan y segregan al alumnado. El 82% del alumnado de minorías, migrante y con diversidad está en los centros públicos«, añade Díez Gutiérrez.
La Conferencia Episcopal afirma al respecto: «La aportación social [de la escuela concertada] es tan relevante como el ahorro al Estado y su objetivo es colaborar en la mejora del sistema educativo. Los colegios concertados católicos están abiertos a todos los alumnos porque cumplen con la ley y por identidad y misión propias».
«Sin embargo —añade la Conferencia Episcopal en un mensaje enviado a Público—, la falta de actualización del módulo de conciertos, en la partida de otros gastos, provoca las dificultades actuales para poder acoger y atender a alumnos con necesidades educativas especiales. En cualquier caso, se les acoge con cargo íntegro a las entidades promotoras de los centros, congregaciones y diócesis».
«La idea que se ha defendido desde la pedagogía —expone el profesor Díez Gutiérrez— es que haya una red pública única, de titularidad y gestión pública, e ir renacionalizando los conciertos educativos progresivamente. La apuesta es que no podremos tener una sociedad cohesionada si no hay una escuela pública única. Porque los conciertos educativos son el factor fundamental de segregación educativa y social de este Estado».
«Lo que se pone en cuestión —prosigue— es el modelo, la doble red de centros. Se ha normalizado de tal forma esta segregación, que se ha convertido en algo permanente y estructural que la escuela concertada sea un factor de desigualdad permanente y de fractura social. Esto supone destinar el dinero público a gestionar lo privado«.
«El problema de fondo —remacha— está en que nunca se han querido derogar los acuerdos con el Vaticano y enfrentarse al poder de una jerarquía neofranquista que es la más integrista de toda Europa. Seguiremos con religión en las clases porque no hay voluntad política para derogar unos acuerdos con el Vaticano. Tenemos un problema sustancial con eso. Sigue aún habiendo miedo a la fuerza de la Iglesia católica».
