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El pleno pide regular el recargo a los pisos vacíos y revisar los beneficios fiscales de la Iglesia Católica

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado ocho de los diez puntos de una moción de Adelante que reclama toda una serie de medidas en materia local, como la derogación de las leyes de reforma local y de Estabilidad Presupuestaria del anterior Ejecutivo del PP, regular el recargo sobre las viviendas vacías; revisar los beneficios fiscales de la Iglesia Católica o “un tratamiento más favorable a la vivienda habitual frente a segundas viviendas, abriendo así la posibilidad de gravar a los pisos turísticos como una actividad económica y no residencial”.

La moción de Adelante, defendida por el edil Daniel González Rojas, recupera el “debate de la financiación local”, con la “defensa de lo público, los servicios y la progresividad” fiscal en favor de las rentas bajas, después de que la mejora de la financiación local haya sido un compromiso de todas las fuerzas políticas pero no haya sido acometida.

“Ni los gobiernos del PP ni los del PSOE resolvieron jamás el problema de la financiación local. Especialmente en el último mandato de gobiernos del PP, cuando una serie de medidas austericidas de los sucesivos ejecutivos de Mariano Rajoy cronificaron la situación al aumentar la asfixia económica de los ayuntamientos y comunidades autónomas y el adelgazamiento de lo público”, figura en la moción.

LAS PETICIONES

Dado el caso, la moción contiene un total de diez peticiones, como la “derogación urgente” de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP y de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, “por tratarse de una legislación lesiva para la autonomía y suficiencia financiera local”; pedir al Gobierno central “elementos de progresividad en el conjunto de tributos”; regular el recargo sobre bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente “para que se pueda aplicar” sobre las viviendas vacías; revisar los “anacrónicos” beneficios fiscales de la Iglesia Católica en lo tocante a tributos como el IBI; “un tratamiento más favorable a la vivienda habitual frente a segundas viviendas, abriendo así la posibilidad de gravar a los pisos turísticos como una actividad económica y no residencial”; o una modificación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o plusvalía municipal, que sitúe el marco jurídico de este impuesto en los términos establecidos en las últimas sentencias del Tribunal Constitucional; así como “un fondo de compensación por las pérdidas ocasionadas a los ayuntamientos”.

El concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja ha recordado que Unidas Podemos cogobierna junto al PSOE y “nueve de los diez” puntos de la moción van dirigidos al Ejecutivo central de coalición, lamentando la “fijación” de Adelante con la Iglesia Católica y rechazando cualquier “subida de impuestos”.

Por Cs, Álvaro Pimentel ha expuesto que la moción se encuadra en “una campaña de propaganda de Unidas Podemos para contentar a ciertos sectores”. “Se piden a sí mismos derogar leyes porque es algo que estaba en el acuerdo de gobierno (entre el PSOE y Unidas Podemos), que después no derogan o a las que hacen un leve retoque”, ha enfatizado, avisando de que las leyes mencionadas en la moción “han servido para sanear” los ayuntamientos, mientras las viviendas turísticas “ya tributan por el IRPF o el impuesto de sociedades”.

EL “INFIERNO FISCAL” Y LA IGLESIA

Por el PP, el concejal Rafael Belmonte ha admitido la necesidad de debatir sobre la financiación de los entes locales, achacando al Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos una suerte de “infierno” fiscal a los ciudadanía, mientras en el caso de la bonificación fiscal en el IBI de la que goza la Iglesia católica, entre otros aspectos, ha defendido “lo que aporta a la sociedad la Iglesia”, extremo por lo que “merece ser beneficiada”.

En el caso del PSOE, la concejal de Hacienda, Sonia Gaya, ha apostado por “empezar por una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local” y matizar las leyes populares de 2012 y 2013, comprometidas con la Unión Europea, según ha dicho, apoyando además las ideas de progresividad y defendiendo que el Ayuntamiento la aplica en diversos aspectos de su escenario fiscal.

A la hora de la votación, la edil no adscrita Sandra Heredia y Adelante han apoyado todos los puntos, Vox ha votado en contra o se ha abstenido en todos los casos, Cs ha votado a favor en dos casos y se ha opuesto al resto, el PP ha votado en contra en todos los puntos salvo en uno en el que se ha abstenido y el PSOE los ha apoyado todos salvo en dos en los que se ha abstenido, siendo aprobados los puntos del primero al octavo y rechazados los dos últimos, uno de estos dos el referente a las plusvalías.

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