El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), presentó en el Pleno celebrado ayer una moción por la que se insta a la Diócesis Nivariense «a llevar a cabo de inmediato las actuaciones necesarias para regularizar la situación de los bienes inmuebles inscritos sin justificación a nombre de la Iglesia Católica». Así lo recoge una moción que se debatió ayer tarde por el Pleno del Ayuntamiento lagunero y que sigue a las explicaciones que dio el Obispado de Tenerife a mediados del mes de febrero, que, según se desprende de esta iniciativa, no han sido dadas por buenas por el Consistorio.
El texto plenario, presentado por Gutiérrez, busca que las propiedades «puedan ser devueltas a sus legítimos propietarios, sean ciudadanos o entidades públicas o privadas, ofreciendo para ello la plena colaboración de la Administración municipal». La propuesta ya había ido a la anterior sesión ordinaria y finalmente se quedó pendiente. Fuentes oficiales del Ayuntamiento detallaron este miércoles que la moción planteada por el regidor local será el punto de partida y que habrá enmiendas «para intentar lograr el mayor consenso posible».
En la exposición de motivos se aborda la situación desde dos siglos atrás. «Las facilidades reconocidas legalmente a la Iglesia Católica en nuestro país, desde mediados del siglo XIX, para la inmatriculación de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad y para la inscripción de derechos sobre esos bienes, así como las vicisitudes que se han producido en su aplicación, están visiblemente ligadas a los vaivenes y cambios políticos de la propia historia de España durante todo ese largo período», indica, y contextualiza que se reconocieron «las certificaciones diocesanas como título apto para el acceso al Registro, equiparándolas a los documentos públicos (notariales, judiciales o administrativos), y en dispensar a la Iglesia de la tramitación de actas de notoriedad o de los expedientes de dominio para la inmatriculación de inmuebles, procedimientos registrales cuya finalidad esencial es la de garantizar la intervención de los ciudadanos que pudieran verse afectados, permitiéndoles formular su oposición y ejercer las acciones judiciales oportunas para la defensa de sus derechos».
El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó ayer por unanimidad un acuerdo en el que abre la puerta a que la Iglesia pague nuevos impuestos municipales en edificios en los que estaba exento. La decisión llegó tras la moción presentada por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), solicitando «de inmediato» acciones sobre bienes inmatriculados, acerca de lo que se acabaron adoptando dos medidas.:
1.- «Estudiar la posibilidad de cobro de posibles tributos sobre los inmuebles sin uso social o religioso titularidad de la Iglesia Católica o del Obispado en los que se desarrollan actividades económicas o se cobra alquiler por hacer uso de los mismos», establece la iniciativa final en lo concerniente a los impuestos.
En concreto, la propuesta de Gutiérrez apostaba por «llevar a cabo de inmediato las acciones necesarias para regularizar la situación de los bienes inmuebles inscritos sin justificación a nombre de la Iglesia Católica». Había avanzado el miércoles el gobierno local que habría enmiendas sobre el texto inicial, como efectivamente quedó claro en el Pleno, para tratar de alcanzar el consenso, como finalmente ocurrió tras un receso en el que se aprobó el texto consensuado por unanimidad.
2.- «Promover conjuntamente con la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, en el marco de los acuerdos del Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española, el estudio, a través del listado que remita la Federación Española de Municipios y Provincias, de los bienes inmatriculados en el municipio de La Laguna a los efectos de determinar si existe alguno cuya titularidad fuera pública para proceder, en su caso, a su regularización», recoge el primero de los puntos, mientras que en el segundo se indica: «Ofrecer la colaboración del Ayuntamiento en esta recuperación de bienes, contratando para ello un informe jurídico y técnico que sirva para colaborar en la restitución de estos bienes a sus legítimos propietarios y recuperar los de dominio público que pudieran estar en este caso, como plazas públicas o edificaciones de uso comunal promovidas por los vecinos».
