Cerrar la mente de nuestra juventud y orientarla hacia el pensamiento único no construye ciudadanía, sino que genera sociedades discriminatorias.
En estos días, estamos viendo cómo hay un movimiento de fuerzas en la configuración de gobiernos autonómicos y locales. Una de las piezas en juego es el pin o veto parental. Pero ¿qué es? El pin parental es el veto que algunas familias quieren establecer a los contenidos que se transmiten en las aulas al alumnado mediante las actividades complementarias que son obligatorias y evaluables, en el caso de que no tengan coste y se realicen en el propio centro. Actualmente, los temas cuestionados están relacionados con lo afectivo-sexual, la identidad de género, el feminismo y la diversidad LGTBIQ. Pero, este listado de temas podría ampliarse, teniendo en cuenta que en la pluralidad de las familias coexisten diversidad de valores y creencias. Así, estos valores familiares podrían ser incompatibles con los valores legislativos y democráticos y, por tanto, situarse en contra del interés superior del menor.
La normativización del pin parental, con rango de decreto, ha sido una de las exigencias en las negociaciones para aprobar presupuestos y configurar gobiernos (Murcia, Andalucía y Madrid…). La condición requerida por Vox exige la creación de un documento oficial y estandarizado que permita a las familias solicitar -por escrito a la dirección de los centros educativos- información sobre cualquier actividad (taller, charla, etc) en la que pudieran participar sus descendientes. Estas familias exigen que haya una información previa y una autorización posterior en la que éstas den su consentimiento o disconformidad para que sus descendientes puedan participar o no en las actividades complementarias. Los temas que se tratan en estas acciones educativas forman parte del currículo y se incluyen, al inicio del curso, en las programaciones docentes. Son impartidas por personal ajeno, en colaboración con el centro educativo, de forma altruista. Estas familias consideran que dichos contenidos son intrusivos en relación con la conciencia e intimidad de las y los menores y, en todo caso, corresponde a la familia decidir sobre su asistencia.
El pin parental no solo es un instrumento de control de un partido de ultraderecha sobre contenidos curriculares en conflicto con los valores ultraconservadores propios de la ortodoxia católica. Este veto cuestiona la legitimidad del Estado y sus leyes con respecto a la familia, al alumnado, al profesorado, a los centros educativos, en particular, y al sistema educativo en general. Es decir, sobre el propio sistema establecido en la Constitución Española.
El primer modelo que se impondrá será el de la Consejería de Educación de Murcia, ya que tiene como objetivo instaurar el pin parental para el próximo curso. La implementación del pin, además, iniciará un proceso jurídico que cuestionará su legalidad y lo situará en el lugar que le corresponde, el olvido.
Esta disposición nos sitúa en un planteamiento de partida erróneo, ya que las familias no somos propietarias de la educación de nuestras hijas, hijes e hijos. Las familias tenemos el derecho a educar a nuestros descendientes, pero bajo la supervisión del Estado, a través de la normativa específica educativa que faculta a los centros educativos para desarrollar un proyecto curricular aprobado por los órganos de representación políticos y educativos.
Estamos de acuerdo que la infancia o la juventud tiene que estar protegida de los malos tratos físicos provenientes de su entorno familiar. Sin embargo, dudamos de esa protección cuando una familia inculca valores que no favorecen el pleno desarrollo de su personalidad y no están “dentro de los principios constitucionales”. Quienes hablan del adoctrinamiento de las charlas, son quienes quieren evitar cualquier idea que difiera de sus planteamientos. Pero, el interés superior del menor está por encima de la familia. Escuchar otras ideas, diferentes o no a las que escucha en su familia, amplía la capacidad de análisis y fomenta el espíritu crítico del alumnado en su proceso educativo personal y social.
Las familias no somos propietarias de la educación de nuestras hijas, hijes e hijos
Llevo muchos años viendo y escuchando charlas de esas asociaciones y personas colaboradoras de los centros educativos. Y lo único que he visto y escuchado son algunos jóvenes con muchos prejuicios aprendidos, y también algunas caras de felicidad al escuchar a personas con las que se podían identificar y tener como referentes. En estas actividades, todo el alumnado aprende a escuchar y respetar, estando de acuerdo o no con lo manifestado. También, aprende a expresar con palabras aquello que no comprende o con lo que no está de acuerdo, y también agradece la charla porque considera que ha sido importante para su experiencia vital. Por eso, el pin parental va en contra de los principios constitucionales y de los derechos de la infancia y la juventud. Cerrar la mente de nuestra juventud y orientarla hacia el pensamiento único no construye ciudadanía, sino que genera sociedades desiguales y discriminatorias, en contra de los artículo 14 y 27 de nuestra Constitución.