Junto con la intención de “levantar la imagen mancillada de la Iglesia y recuperar sus arcas” –como explicó un cercano al Directorio de Transición que encabeza Luis González–, está la disputa interna por quién se quedará con el control del abultado patrimonio de la misma como entidad –que suma 17 propiedades– y, por supuesto, el dinero del diezmo: aquella cantidad que todos los fieles entregan por mandato bíblico mensualmente, que es recibida por la catedral de Jotabeche 40 y sobre la cual no pagan impuestos. Según lo dispuesto en la Ley de Culto, promulgada en 2015, la actuación del Ministerio de Justicia se reduce solo a la creación y disolución de las iglesias, pero sin capacidad para vigilar sus movimientos financieros.
Este sábado 18, el Consejo Nacional de Obispos y Pastores Evangélicos de Chile se reunió para fijar una posición sobre el proceso constituyente que se iniciará con el plebiscito del 26 de abril. El presidente de dicha instancia, Jorge Méndez, anunció que resolvieron alinearse por la opción Rechazo respecto a una nueva Carta Fundamental: «Vamos por el rechazo, estamos de acuerdo en eso, porque nosotros tenemos mucho que perder. Nosotros hemos logrado grandes cosas con la Ley 19.078, que tenemos ley religiosa, entonces con la nueva Constitución vamos a perder muchos bienes que tenemos, que son de gran bendición para el país».
A pesar del ruido que generó esa declaración, lo cierto es que en el mundo evangélico hay otras preocupaciones mayores por estos días y que, nuevamente, pasan por la figura del polémico y destituido obispo Eduardo Durán Castro.
Es que en silencio y sin la vehemencia habitualmente visible en sus ceremonias religiosas, los integrantes de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal (Primp) esperan la decisión judicial que puede sellar el destino de Durán, ya que este jueves 23 de enero están programados –en la Corte de Apelaciones de Santiago– los alegatos del recurso de protección que presentó el cuestionado obispo para revertir la decisión de la Junta de Oficiales Diáconos, que el 1 de junio del año pasado lo destituyó.
Veintitrés días después de esa decisión y con la representación del abogado Víctor Hugo Sagredo, el obispo Durán presentó un recurso de protección en el que aseguró que, al ser destituido, se vulneró su garantía constitucional dispuesta en el Artículo 19, número 3, inciso cuarto, que dispone que nadie puede ser juzgado por “comisiones especiales”. Argumentó que la Junta de Oficiales Diáconos es una “comisión especial, es decir, un tribunal formado solo con el motivo de destituirlo». Para los demás pastores que forman la Directiva de Transición –que busca ordenar especialmente las finanzas de la Catedral Evangélica– el grupo que decidió sacar a Durán de su puesto vitalicio existía desde antes. De hecho, está consignado en los estatutos que el mismo obispo hizo aprobar en 2014.
A pesar del silencio oficial en el que cada grupo quiere mantenerse hasta que se pronuncie el tribunal de alzada, en ambos lotes hay una visión clara de los hechos. Entre los defensores de Durán, calificaron su destitución como “un golpe de Estado eclesiástico» y agregaron que «el obispo –según los estatutos que ellos niegan pero que usan para destituirlo– sigue estando al frente de la catedral y, si la Corte acoge el recurso, pediremos que este directorio de transición ilegítimo rinda cuentas”.
Desde el otro bando, en la junta de transición, graficaron el intento de Durán como una “verdad autoconstruida que roza la hilaridad. Esto es como que a un marido lo echan de la casa la señora, los hijos, el marido hace meses que no aparece por la casa y luego quiere volver, para que lo vuelvan a honrar y más encima le den plata”.
En lo que concuerdan ambas partes es que Eduardo Durán Castro no pisa Jotabeche, el principal templo evangélico de Chile, desde hace 9 meses. La analogía del matrimonio quebrado tampoco es gratuita. No hay que olvidar que Durán Castro fue expulsado definitivamente de su puesto cuando su esposa legal, Raquel Salinas, madre del diputado Eduardo Durán Salinas, sugirió en una asamblea de pastores que “si su decisión es casarse, que dé un pasito al costado”, según reveló el programa «Informe Especial» de TVN a fines de abril del año pasado. Salinas, que tiene poder en la asamblea luego que fuera nombrada como “diaconisa” de la catedral, se refería a la relación extramarital que el obispo mantenía con Ruth Sepúlveda y fue ese romance el que terminó por convencer al resto de la Junta de Oficiales de que había que destituir a Durán. Y es que también enfureció a los fieles, que se pararon con pancartas fuera de Jotabeche y, a los gritos de “degenerado”, exigieron la renuncia del obispo.
Al momento de explotar ese escándalo, Durán enfrentada otro foco de críticas, que aparentemente pesó menos en la decisión que su romance extramarital. El obispo había amasado un cuantioso patrimonio desde 2003, que solo en propiedades suma más de 15 inmuebles, avaluados en $1.500 millones. La última de ellas, una “casa pastoral” en La Dehesa por la que pagó $438 millones, en enero de 2019, y que está a nombre de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal, en la que Durán –hoy ya oficialmente divorciado– pretendía vivir con su nueva mujer.
Lucha de “clases”
Junto con la intención de “levantar la imagen mancillada de la Iglesia y recuperar sus arcas” –como explicó un cercano al Directorio de Transición que encabeza Luis González– está la disputa interna por quién se quedará con el control del abultado patrimonio de la misma como entidad, que suma 17 propiedades por un total de $3.500 millones. Y por supuesto, el dinero del diezmo: la cantidad que todos los fieles entregan por mandato bíblico mensualmente.
El diezmo lo entregan los fieles en la catedral, pero también en sus respectivas “clases”, que es como se denominan las parroquias o sectores geográficos, que en este caso están bajo la jurisdicción de Jotabeche 40, que recibe los aportes desde las «clases». El diezmo, como tal, funcionó como un pozo de dinero sin fondo sobre el cual Durán amasó su fortuna personal. Aunque el aporte está pensado para atender exclusivamente las necesidades del culto y una vida austera de los pastores que lo reciben, nadie se explica cómo encajan en esto un Mercedes Benz de 100 millones, departamentos en los barrios más caros de Santiago, una parcela en Algarrobo y otra en Isla de Maipo, que sirve de camping con cobro de entrada, y una embotelladora a nombre de los hijos de Durán.
Pero lo más ventajoso está en el régimen tributario al que está sujeto el diezmo. Según el informe de la PDI de agosto del 2018 y que indagó el patrimonio de Durán, la Ley de Impuesto a la Renta y algunas circulares del SII «determinan que las sumas que los fieles entreguen a sus obispos, pastores, sacerdotes o ministros, destinadas a solventar sus gastos de vida y desarrollar actividades propias del servicio del culto por cuenta de la iglesia, con la función o dignidad del cargo, no tienen el carácter de rentas, por lo tanto no corresponde que sean gravadas”. O sea, esos aportes no pagan impuestos. También ayuda mucho lo dispuesto en la Ley de Culto –promulgada en 2015–, que reduce la actuación del Ministerio de Justicia solo a la creación y disolución de las iglesias, pero sin capacidad para vigilar sus movimientos financieros.
Para el grupo que está contra el regreso de Durán, es importante establecer la diferencia entre lo legal y lo legítimo. En el primero de los ámbitos, el equipo contratado por el obispo –que incluye abogado, vocero y guardaespaldas–, la destitución es ilegal. Si bien el artículo 21 de los estatutos establece que la Junta de Oficiales puede destituir al obispo presidente, cargo que es vitalicio, también afirman que el quorum exigido es de dos tercios del total, que es de 30 personas.
Consciente de las reglas creadas por él mismo y protocolizadas por su sobrina política, la notaria suplente Fabiola Salinas, cuando Durán tenía a los periodistas de «Informe Especial» pisándole los talones, destituyó e hizo que renunciaran varios integrantes de la Junta de Oficiales. De tal modo que, cuando se concretó su propia destitución, era un grupo de solo 18 personas, lejos de los dos tercios del total.
Pero para los allegados a la Junta de Transición el quorum funciona igual que en el Congreso: se calcula con los presentes a la hora de votar. Y el grupo, reunido en la catedral evangélica de Chillán, decidió en forma unánime la destitución de Durán. En otra maniobra legal desesperada, el obispo formalizó ante notario una nueva Junta de Oficiales, desconociendo al grupo que lo destituyó, pero esta solo se compone de sus colaboradores más leales y no es reconocida por la mayoría de los fieles.
Sin respeto
Respecto a la legitimidad, la de Eduardo Durán, frente a los fieles que antes lo trataban de “amado obispo”, está por el suelo.
Sus fieles, según testigos, se reducen solo a unas 40 personas que llegan hasta la parcela de Isla de Maipo. El 28 de diciembre circuló una carta parodia, con su firma y timbre, en que aseguraba que “en la parcela de Isla de Maipo he decidido repartir mis bienes” y que “mi entrada o nueva asunción, se hará efectiva en un plazo de tres semanas”. La realidad, sin embargo, era muy diferente.
En una carta –esta vez fidedigna– dirigida al Directorio de Transición, la Clase Villa Manuel Rodríguez de Lo Prado afirmó que no reconoce a ninguno de los pastores que Durán nombró ante notario en la nueva Junta de Oficiales.
“Este cuerpo de predicadores, jefes de cuerpos y ayudantes que están al frente de las 53 Clases, 6 locales y 14 cuerpos o servicios de que se compone el circuito eclesial de la Primp, manifestamos nuestro más absoluto rechazo y repudio a cualquier tipo de acuerdos y manifestaciones contenidas en las actas notariales, reiterando que declaramos por completo ilegítima cualquier acción, decisión o actuación que pueda resolver respecto de nuestra amada iglesia y su circuito”, dice la declaración fechada el 11 de enero. “Solicitamos al Sr. Eduardo Durán Castro, dar un paso al costado de manera definitiva y no persistir en acciones de índole judicial, que no solo afectan a nuestra Iglesia, sino que produce un desprestigio a la Iglesia Evangélica chilena y fundamentalmente al evangelio de nuestro Señor Jesucristo”, concluyeron.
Una situación similar ocurre en la Clase Lo Valledor Sur, una circunscripción en la comuna de Lo Espejo que reúne a unos tres mil fieles. En los mejores tiempos de Durán, esta «clase» entregaba $10 millones a la catedral de Jotabeche, cifra que hoy se redujo a solo $1 millón. “Los diezmos están congelados «, afirmaron cercanos al Directorio de Transición para explicar esta decisión de algunos territorios, que está motivada, por una parte, por alcanzar un orden en las finanzas y, también, por la posibilidad de que Eduardo Durán Castro gane su ofensiva judicial y quiera recuperar los diezmos en forma retroactiva. “No se los vamos a entregar, ni siquiera vamos a dejarlo entrar”, aseguraron en la Clase Lo Valledor Sur.
El Directorio de Transición que encabeza González tampoco ha escapado de la controversia, a pesar de los pocos meses que lleva tratando de ordenar la casa.
A fines de septiembre, el contador auditor Juan Carlos Acuña, además perito de la Corte de Apelaciones, realizó un informe en el que detectó desórdenes administrativos revelados en parte por La Tercera. Acuña aseguró que “lo único que no encontramos es que, a diferencia de épocas pasadas, no se está mal utilizando para fines personales el dinero y los recursos”, pero puntualizó que existe un desorden importante.
Desde el directorio defendieron la actual gestión, afirmando que Acuña “no alcanzó a ejercer como contralor. Estamos avanzando en el orden y prueba de ello es que la Iglesia no ha hecho ninguna compra en el afán de recuperar lo que se perdió durante la gestión del exobispo Durán”.
