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Niñas y monjas en un centro gestionado por el Patronato de Protección a la mujer.

El Patronato de Protección a la Mujer y los beneficios económicos de órdenes religiosas

El reconocimiento tardío de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer -al menos 25 años de retraso- evidencia un profundo déficit de cultura política democrática en España.

Muy a principios de los años 70 algunas voces dentro de la dictadura, incluso dentro del propio Patronato, empezaron a reconocer que la institución estaba un “poco desfasada”, decían. La idea de que el “negocio” empezaba a estar en peligro lógicamente llegó rápidamente a conocimiento de las órdenes religiosas. Terminada la dictadura y comenzada la transición resultaba inevitable reconocer que el Patronato era un vestigio del régimen franquista que deslucía la nueva realidad democrática. Todo el mundo sabe que en la democracia el Patronato tendrá que desaparecer, pero antes de que eso sucediera en 1977 las órdenes religiosas quieren y consiguen, que el propio Patronato les pague la transformación de sus centros de reclusión para seguir funcionando en la nueva etapa como residencias femeninas, ya absolutamente desligadas de su sombrío pasado. Para esta nueva fase había que borrar la apariencia de lúgubres espacio de pseudo reclusión, una apariencia ligada a las prácticas totalitarias de la peor etapa de la dictadura.

El reconocimiento tardío de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer -al menos 25 años de retraso- evidencia un profundo déficit de cultura política democrática en España. Durante décadas, la sociedad y las instituciones evitaron afrontar de manera crítica el legado represivo del franquismo, relegando al olvido a quienes sufrieron internamientos y vulneraciones de derechos por no ajustarse a los valores morales impuestos por la dictadura. Esta demora en el reconocimiento y la reparación no solo refleja la falta de voluntad política, sino también la ausencia de una memoria democrática activa capaz de integrar plenamente a todas las víctimas en el relato colectivo y en las políticas públicas de justicia y reparación.

El Patronato de Protección a la mujer es la mayor deuda de memoria democrática que tiene pendiente la sociedad española.

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