La formación también se encuentra en contra del aborto, la eutanasia y el matrimonio gay, mientras apoya la pena de muerte.
El Partido Político Reformado de Países Bajos (SGP), formación ortodoxa calvinista, vuelve a desafiar la Constitución al rechazar incluir mujeres en sus listas electorales para las próximas elecciones generales que tendrán lugar el próximo 29 de octubre. No es la primera vez que el partido, el más antiguo de Países Bajos, se muestra en contra de la inclusión de mujeres en sus listas electorales, y aunque desde 2013 el partido acepta su presentación como candidatas, esta realidad aún parece no haberse materializado.
Según defiende la formación, y recoge el diario El País, las mujeres no cuentan con la vocación femenina de votar o de presentarse a un cargo público, por lo que no necesitan ser incluidas en las listas, pues no es el rol que supuestamente deben adoptar. Muestra de su rechazo a la participación política de la mujer ocurrió el pasado mayo, cuando el partido rechazó una moción para que Lilian Janse, concejala de la localidad de Vlissingen, fuera propuesta como candidata en la política nacional.
Cabe destacar que la formación— fundada en 1918 por miembros del Partido Antirrevolucionario que no apoyaban el sufragio femenino — se encuentra en contra del matrimonio gay, el feminismo, la vacunación obligatoria, el aborto o la eutanasia, mientras que se muestra partidario de la pena de muerte (abolida en el país en 1870). Uno de sus fundadores principales fue Hendrik Kersten, quien soñaba con una Holanda «sin cine, sin deportes, vacunación y seguridad social».
En 1993 el partido— que cuenta actualmente con tres escaños en el Parlamento y que desde sus inicios ha formado parte de la oposición—negó a las simpatizantes el derecho a afiliación, aunque siete años más tarde una comisión de Naciones Unidas determinó que el veto era contrario a los Derechos de la Mujer. No fue hasta 2006 cuando pudieron conseguir entrar, aunque sin derecho a ser elegidas en el ámbito nacional o local. Finalmente, en 2013, después de un fallo del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fueron aceptadas.
