La decisión de Izquierda Unida de abandonar el hemiciclo antes del discurso del Papa parte del convencimiento de que la religión pertenece al ámbito privado y, por lo tanto, bajo ningún concepto se puede considerar admisible su presencia en in
Desde que conocimos la intención del Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, de invitar al papa Francisco a intervenir en una reunión del pleno del Parlamento Europeo, las eurodiputadas de la Izquierda Plural hemos defendido la necesidad de dejar claro que su participación en la plenaria no solo supone una ofensa a los millones de ciudadanas europeas laicas sino que también lleva al traste más de 500 años de lucha por la estricta y necesaria separación entre la religión y las instituciones públicas.
Nuestra decisión de abandonar el hemiciclo, como hicimos ayer antes del discurso del Papa, parte del convencimiento de que la religión pertenece al ámbito privado y, por lo tanto, bajo ningún concepto se puede considerar admisible su presencia en instituciones, escuelas y espacios públicos.
El Parlamento Europeo, para nosotras, no es lugar para sermones religiosos. Y así lo expresó también el eurodiputado francés y cofundador del Parti de Gauche, Jean-Luc Mélenchon, con quien compartí el martes por la tarde unas jornadas sobre el laicismo en Europa.
Mélenchon se mostró indignado porque el hemiciclo hubiera acogido un sermon religioso y lamentó que el Papa no hubiera celebrado, en su lugar, ese acto en la catedral de Estrasburgo, que es donde a los fieles realmente les habría gustado verlo. Ese debe ser el sitio de la religión: los templos. Nunca los parlamentos. Incluso cuando, como en el caso de ayer, se tratara de convencer a la opinón pública de que el papa Francisco venía como jefe de Estado.
¿O acaso a alguien se le pasa por a cabeza la imagen de un presidente de un Gobierno dirigiéndose desde el altar a los feligreses congregados en una catedral? Se puede ir más allá: ¿Alguien entendería que un jefe de Estado utilizara el balcón central de la basílica vaticana para explicar a los creyentes congregados en la explanada de la plaza de San Pedro la necesidad de respetar la libertad sexual de las personas y el derecho de cada mujer a decidir sobre su cuerpo y su maternidad?
El Estado español, señalabamos en las jornadas sobre laicismo en Europa, es uno de los mejores ejemplos de como, en pleno siglo XXI, la jerarquía católica sigue injeriendo en los asuntos públicos. La presión de la jerarquía católica a los gobiernos españoles hace que se legisle en favor de su credo y su doctrina, intentando imponer constantemente su moral al conjunto de la ciudadanía. ¿O es que acaso la iglesia católica no continua adoctrinando en las clases de religión, negando reiteradamente los derechos de las mujeres e intentando evitar que cada una decidamos con que persona queremos casarnos o acostarnos independientemente del sexo que sea?
Esta injerencia permite también entender como Españ a es un paraiso fiscal para la Iglesia católica. Según los datos de la organización Europa Laica, la iglesia, exenta de pagar impuestos como el IBI o el de sociedades, recibe anualmente, entre privilegios fiscales, exenciones y partidas presupuestarias, cerca de 10.000 millones de las arcas públicas.
El martes abandonamos el hemiciclo también para denunciar que estos privilegios son impropios de una sociedad que se considera democrática y son inapropiados para una Europa que dice basarse en el respeto a la libertad de conciencia.
Nuestras razones son las de Saramago, el Saramago lúcido que siempre fue y que de tan mal humor ponía a la iglesia neomedievalista que sufrimos no sólo, pero especialmente, en el Estado español. Dijo el viejo sabio que a la "insolencia reaccionaria de la Iglesia católica hay que responder con la insolencia de la inteligencia viva, del buen sentido, de la palabra responsable". Porque cómo él mismo nos recordara, "a la Iglesia le importa poco el destino de las almas y lo que siempre ha buscado es el control de sus cuerpos".
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