La hermandad de la localidad almeriense pide ayuda a Francisco antes de presentar una demanda contra el Obispado por registrar a su nombre varios locales.
La secretaría del Papa Francisco en el Vaticano ha recibido este domingo un correo electrónico de la Hermandad de las Ánimas de Topares (Almería, 229 habitantes) que seguro no esperaban. Cinco folios que relatan una historia que quizás en el Vaticano resulta marciana y de poca importancia, pero que en Topares duele desde hace meses. Tanto como para considerar que merece la intervención del Pontífice. En esta pedanía de Vélez Blanco se sienten atropellados por el obispo de Almería y no cejan en su empeño por recuperar la propiedad de dos locales y el cementerio de la localidad, que consideran suyos, y que el Obispado inscribióa su nombre. En el caso de los dos locales, por la vía de la inmatriculación, y en el del cementerio, por la de los hechos, porque, como recuerda Alfonso Serrano Marín, presidente de la hermandad, “nadie ha visto en el pueblo el documento sobre su propiedad”.
El Papa es el paso diplomático previo al juzgado para dirimir un problema que ha incluido denuncias y visitas de la Guardia Civil. Si no contesta, o no lo hace a su favor, el siguiente movimiento de los topareños será ira los tribunales y solicitar la propiedad de los locales por usucapión, una figura que permite adquirir la propiedad real de un bien cuando, de forma resumida, se ha ejercido como dueño de ese bien públicamente y sin oposición de nadie durante un tiempo de entre 10 y 30 años según las circunstancias. Ricardo Martínez, abogado de la hermandad, recuerda que el salón social –o parroquial, como siempre lo han llamado– lo construyeron en 1958 los miembros de la hermandad con su dinero y su trabajo, además de gestionarlo siempre ellos, y ya han pasado 63 años. El otro local, el “teleclub” originalmente y que hoy acoge una peluquería y una oficina bancaria por la que el obispado recibe un alquiler, se construyó del mismo modo en 1964.
Sin embargo, obviando esa construcción, gestión y uso de la hermandad durante décadas, al amparo de la ley de 1998 del Gobierno de Aznar que permitía a la Iglesia inmatricular un inmueble con una certificación, la diócesis de Almería inscribió en 2008 como suyo el teleclub y en 2014 el salón parroquial, paredaño a la iglesia. La usucapión es un recurso ya usado contra la iglesia en, por ejemplo, Navarra y Huesca, con suerte dispar, como también lo son las circunstancias de cada caso.
Estas inscripciones, como tantas, pasaron desapercibidas hasta que el verano pasado el párroco de Topares, Miguel Martín, las desveló. La hermandad estaba buscando una familia que gestionara el bar del salón social y el cura dijo que el obispado tenía la última palabra, puesto que era suyo, y pidió que le dieran las llaves del local. Eso no ha ocurrido, pero la situación en el pueblo es tensa con el cura: la mayoría de feligreses no va a misa allí sino a El Moralejo, ya en Murcia, a 15 kilómetros. Martín explica a EL PAÍS: “Yo no tengo ninguna opinión sobre este asunto, eso lo lleva el obispado y yo no tengo nada que ver. Yo sigo celebrando misa y no soy el que tiene que buscar la solución. Serán ellos y el obispado los que tengan que buscar la solución”. Sobre la carta al Papa, a Martín le parece “estupendo, muy bien”, responde lacónicamente. El vicario del obispado, Ignacio López Román, que ha negociado con la hermandad, prefiere no comentar la carta porque “al Papa puede dirigirse quien quiera”.
El abogado explica que “todo el dinero recaudado durante estos más de sesenta años se han destinado al mantenimiento y cuidados del templo, el cementerio, el salón parroquial y el teleclub” y, sin embargo, el obispado se lo ha apropiado en lo que consideran un ”abuso de autoridad”, agravado dicen, porque no se han podido “sentar, hasta la fecha, a la mesa de diálogo” con el Antonio Gómez Cantero, obispo almeriense, que delega en su vicario general. El texto también le recuerda al Papa que el párroco envió a la Guardia Civil a la última misa de Año Nuevo para que desalojara de la iglesia. La hermandad reclama a Francisco que les reciba o interceda para que la “Iglesia española haga los trámites legales oportunos para que se nos devuelva en el Registro de la Propiedad lo que es nuestro”. Un objetivo que Martínez ve lejano “porque ellos no ceden en la propiedad”. La otra parte también es pesimista.
López Román se manifiesta “abiertos al entendimiento, pero no hemos visto respuesta por la otra parte. En cualquier caso, nuestra intención no ha sido quitarles aquello y siempre hemos ofrecido distintas soluciones”. Ese pesimismo viene de las reuniones previas entre la hermandad y el vicario, reuniones que no han permitido que la situación avance. La última cita, a finales de enero, sirvió para que el obispado retirara como gesto de buena voluntad una demanda por usurpación contra el presidente de la hermandad. Esa reunión, explica el abogado, terminó con una propuesta del obispado que el pueblo no quiso asumir en una asamblea posterior: la hermandad se debía constituir como canónica, que nunca lo ha sido oficialmente, a cambio de conseguir la gestión de los locales.
“Les ofrecíamos 30 años de gestión”, dice el vicario. “No nos daban el dinero de los alquileres”, opone el abogado. La conversión en canónica de la hermandad, que ahora es una asociación civil, hubiera permitido al obispado gestionar la hermandad. Más de un centenar de sus miembros, según el presidente, se mostraron unidos contra esa propuesta.
Cementerio
El cementerio tiene recorrido propio. La Hermandad de las Ánimas lo construyó a principios del siglo XX “en un solar a las afueras que nos cedió una familia para quitar el que había en el centro del pueblo”, recuerda Serrano. Desde entonces, siempre lo ha gestionado “y arreglado” la hermandad, dice. Hasta que en la disputa surgida por los otros locales les explicaron que la gestión se había cedido a una empresa y que no tocaran nada. “Aquí nunca ha aparecido nadie”, dice Serrano, “y lo que no hacemos nosotros se queda sin hacer, así que vamos a ampliar el número de nichos”, asegura el presidente. El asunto ahora es saber de quién es el cementerio porque nadie encuentra el papel de propiedad. De hecho, es probable que, al menos documentalmente, sea de la familia que cedió el terreno hace más de un siglo.
