El Pontífice decreta nuevas medidas para los trabajadores de la Santa Sede que les impiden haber sido condenados o poseer bienes de procedencia ilícita. Las disposiciones sobre transparencia llegan poco antes de que le Consejo de Europa decida si incluye al Estado pontificio en la lista blanca.
Quienes sean contratados para trabajar en la Santa Sede, que comprende el Estado-Ciudad del Vaticano, deberán firmar una declaración y renovarla cada dos años conforme no han sido condenados en el Vaticano o en el extranjero, no tienen cargos pendientes, no están siendo judicialmente investigados, no poseen bienes de procedencia ilícita ni tampoco bienes que sean contrarios a la doctrina de la Iglesia Católica. Una vez asumidos, no podrán recibir regalos superiores a los 40 euros.
Son algunas de las medidas para poner coto a la corrupción que el papa Francisco ha incluido en un documento personal que este jueves ha ordenado publicar en el ‘Osservatore Romano’, diario oficial de la Santa Sede. La nueva normativa corrige, sustituye o añade las eventuales disposiciones anteriores que no las contemplan. Afectan también a todo el personal, al menos unas 3.000 personas, incluso las que no están sometidas al Reglamento General de la Curia Romana para las que el organismo de quien dependan deberá actualizar su propio reglamento interno.
La «carta apostólica» del Papa, titulada «Disposiciones sobre la transparencia en la gestión de las finanzas públicas», se publica poco antes de que el comité del Consejo de Europa que evalúa la transparencia de las finanzas de los Estados (Moneyval) decida si incluye a la Santa Sede en la llamada lista blanca. Se trata de un procedimiento que suele durar años y que implica la aprobación de varias varias leyes y consiguientes organismos, sobre el control financiero de un Estado, con el objetivo de impedir y controlar internacionalmente el blanqueo de dinero negro o sucio.
El documentos papal describe en siete apartados los supuestos que pueden impedir ser contratados por la Santa Sede. Además de los citados, figura que no podrán ser empleados quienes «se hayan beneficiado de indulto, amnistía, perdón y otras medidas semejantes o hayan sido absueltos de los mismos por prescripción». La nueva norma incluye los casos (anteriores a la contratación) de corrupción, fraude, terrorismo y participación de una organización delictiva, como el blanqueo de capitales. Está incluida también la explotación de menores, tráfico de seres humanos, evasión y elusión fiscal (zafarse de declarar).
Negocios ilícitos
En el capítulo de propiedades se incluye como impedimento la posesión de «dinero efectivo o inversiones» de cualquier tipo en «empresas y negocios en países incluidos en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo» (paraísos fiscales y otros). Sobre los casos puntuales decidirá la Autoridad de Vigilancia e Información financiera. Se trata de un organismo que actualmente disponen casi todos los Estados, Vaticano incluido.
Los bienes personales de quien quiera trabajar o viva en el Vaticano deberán proceder «de actividades lícitas» y que no constituyan «el producto o el beneficio de un delito». Al mismo tiempo, el aspirante no deberá tener «participaciones o intereses de ningún tipo en sociedades o empresas que operan con fines y en sectores contrarios a la Doctrina Social de la Iglesia». Recientemente se había desvelado que el Vaticano había invertido durante 20 años en farmacéuticas que producían la llamada píldora del día después.
Fidelidad y honestidad
La declaración a firmar por el interesado será efectuada ante la Secretaría Económica -una especie de superministerio de Economía y Hacienda-, que enviará copia a la Secretaría de Estado, similar al gabinete de un primer ministro. La primera podrá controlar la veracidad de las declaraciones.Noticias relacionadas
Frente a la pasada historia del Vaticano, donde se podía, por ejemplo, entrar sin controles con dinero en el bolsillo y enviarlo inmediatamente a otro país, o utilizar dinero no propio para comprar viviendas y alquilarlas, el Estado Pontificio ha dejado de ser un paraíso fiscal. El mismo era usado regularmente por algunos bancos centrales, por políticos y a veces por mafiosos y otras por Estados sorprendentes, como una reciente triangulación entre la embajada de Irán en Roma, el Vaticano y un destinatario desconocido.
El documento papal comienza con una frase que dice: «La fidelidad en las cosas de poca importancia está relacionada (…) con la fidelidad en las cosas importantes. Así como ser deshonesto en las cosas de poca importancia está relacionado con ser deshonesto en las cosas de importancia».
