El control de las finanzas vaticanas es otro frente del conflicto entre Francisco y parte de la Curia con el caso de presunta malversación de fondos del cardenal Becciu todavía en proceso
¿Se imaginan que el presidente de la república francesa dejara sin presupuesto a la oficina de su primer ministro? Pues algo parecido ha ocurrido en el Vaticano. Después del escándalo de compraventa de edificios de lujo en Londres y otros rincones del mundo en el que se encuentran involucrados varios responsables de la Secretaría de Estado vaticana, el papa Francisco ha ordenado dejar sin fondos a la oficina dirigida por el cardenal Pietro Parolin, cuyo papel como ‘número dos’ se tambalea por momentos.
La decisión se ha tomado en mitad del escándalo Becciu, el cardenal defenestrado el pasado 24 de septiembre por el Papa, y que está siendo investigado por la supuesta malversación de fondos del dinero procedente del Óbolo de San Pedro (que debiera ser destinado a obras de caridad) para la creación de una ‘diplomacia paralela’, así como por el escándalo de la compraventa de inmuebles de lujo en Londres a través de fondos con sede en Malta, Suiza y otros territorios con dudosa transparencia fiscal.
El cierre del grifo de la Secretaría de Estado, que se hará efectivo a partir del 1 de enero, fue anunciado el pasado mes de noviembre, durante una reunión en la que Bergoglio reprochó a Parolin no haber llevado a cabo las órdenes expresas para “evitar la superposición, la fragmentación o la duplicación innecesaria y perjudicial” de las actividades económicas y financieras de la Santa Sede.
El cardenal ignoró el aviso del Papa
La orden del Papa a su secretario de Estado, con fecha de 25 de agosto, no recibió respuesta. Justo un mes después, estallaba en los medios italianos posibles malversaciones de fondos por parte del cardenal Becciu durante su etapa como sustituto de la Secretaría de Estado (un ‘número tres’ en el escalafón vaticano), que pudieron distraer dinero a empresas propiedad de sus hermanos, así como para la compraventa de edificios de lujo o la creación de un entramado diplomático ajeno al oficial. Su responsable, Cecilia Marogna, encarcelada por la Justicia de Milán, está a la espera de que se dilucide su proceso de extradición al Vaticano.
El 24 de septiembre por la tarde, Bergoglio llamaba a su despacho a Becciu. Tras una tensa reunión, el religioso salía del Vaticano cesado como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos (la que decide qué personas son declaradas mártires, beatos y santos de la Iglesia católica) y perdiendo sus derechos como cardenal. Becciu, a día de hoy, no podría participar en un cónclave, elegir o ser elegido Papa.
Mes y medio después, y en vista de que su secretario de Estado no tomaba riendas en el asunto, Roma decidió publicar la carta enviada por Francisco el 25 de agosto, y convocar un cónclave económico que cristalizó con la decisión que esta semana ha sancionado el papa Francisco en un Motu Proprio que determina que, a partir del 1 de enero de 2021, los fondos y las propiedades gestionadas por la Secretaría de Estado vaticana pasarán a ser administrados por la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), en el marco de la reforma de la Curia que está realizando para lograr una mayor transparencia en las finanzas. Al tiempo, Francisco ordenaba crear una “comisión de pasaje y de control” en la que ya no estaba Parolin y que, en tres meses, debía encargarse de transferir toda la actividad económica de un organismo a otro.
Inmuebles en Londres y “riesgos reputacionales”
Una atención particular -se lee en la carta publicada por Roma en noviembre- merecen las inversiones realizadas en Londres y el fondo Centurión, del que, avisaba, había que “salir lo antes posible, o al menos, disponer de ellas de manera que se eliminen todos los riesgos reputacionales”, recalca Francisco, quien ordena que “todos los fondos que hasta ahora han sido administrados por la Secretaría de Estado se incorporen al presupuesto consolidado de la Santa Sede” y que, en materia económica y financiera, la Secretaría de Estado funcione “mediante un presupuesto aprobado a través de los mecanismos habituales, con sus propios procedimientos exigidos a cualquier departamento, salvo en lo que se refiere a los asuntos confidenciales que están sujetos a secreto, aprobados por la Comisión designada a tal efecto”.
El control y la supervisión son responsabilidad de la Secretaría para la Economía sobre todos los órganos de la Curia Romana. La Secretaría de Estado, en materia de supervisión económica y financiera “no tendrá ninguna responsabilidad de supervisión y control de ninguna Entidad de la Santa Sede, ni de las relacionadas con ella”. Teniendo en cuenta que “la Secretaría de Estado no tendrá que administrar o gestionar activos, será conveniente que redefina su propia Oficina Administrativa, o que evalúe la necesidad de su existencia”.
Con la decisión del Papa, se reduce el número de responsables económicos en la Santa Sede, que se concentra en la APSA y en un control superior por parte de la Secretaría de Economía, dirigida por el jesuita español Juan Antonio Guerrero, y que a partir de ahora “también desempeñará la función de Secretaría Papal en materia económica y financiera”, según se lee en la orden papal.
Por primera vez, a partir de 2021, la Santa Sede tendrá un único “Presupuesto General”, gestionado por la APSA y que tratará de cumplir los compromiso contra el blanqueo de dinero que el Vaticano acordó en noviembre con el Consejo de Europa para salir de la ‘lista negra’ de países en materia de transparencia.
“Con ello el Santo Padre desea proceder a una mejor organización de la Curia Romana y un funcionamiento aún más especializado de la Secretaría de Estado”, explica la Santa Sede.
