PP y Ciudadanos se quedan solos en la subcomisión encargada de elaborar un documento de consenso después de que PSOE, Unidos Podemos, ERC y PdeCAT se hayan levantado de la mesa de negociación.
Este martes se reúne, como cada semana, la subcomisión para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación. Un título poderoso que empieza a sonar grandilocuente tras la desbandada de PSOE, Unidos Podemos, ERC y PDeCAT. El objetivo de estos encuentros —después de más de un año de trabajos previos y de escuchar a 83 comparecientes— es lograr el primer consenso educativo de la democracia, una meta que, a día de hoy, se antoja excesivamente optimista. Este martes sólo se sentarán a debatir PP y Ciudadanos, por lo que ese ansiado documento que podría convertirse en el primer paso hacia un acuerdo educativo tendrá, si nada cambia, una firma conservadora.
No es extraño haber llegado a esta situación. El rifirrafe político ha caracterizado a este grupo de trabajo (propuesto por PP, PSOE y Ciudadanos) prácticamente desde su nacimiento. El simple nombre del pacto educativo ya originó discusiones —de «Pacto Nacional» se pasó a «gran Pacto de Estado» y, finalmente, se eligió «gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación»— y ni siquiera hubo acuerdo sobre el sistema de votación. PP y PSOE querían que cualquier medida tuviera que ser aprobadas por la mayoría de tres quintos frente a los dos tercios que proponía Ciudadanos y la mayoría absoluta que demandaba Podemos. Como venció la primera opción, todos los puntos del pacto deben contar con la aprobación de los conservadores, pero ahora, solos PP y Cs, el sistema ya no es válido.
«Para cambiar el método de votación, además, se necesitan 50+1, así que tampoco pueden hacerlo», advierte a Público Javier Sánchez, portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Educación, para quien la idea del pacto «sólo es valiosa si se cuenta con la comunidad educativa». Precisamente, su grupo parlamentario se marchó de la subcomisión el pasado 7 de marzo porque se lo pidieron profesores y alumnos, a los que no se ha hecho partícipe del debate.
Dos días antes, había abandonado el PSOE, aunque por otro motivo: los socialistas no aceptan la propuesta de financiación del PP de establecer un suelo de 5.000 millones adicionales para la educación no universitaria hasta 2015. Del mismo modo que Unidos Podemos, el PSOE se niega a que el partido en el Gobierno pretenda devolver solamente 5.000 de los más de 9.000 millones que se han recortado del sistema educativo en los últimos años. «El daño que ha hecho el PP a la educación no se puede revertir con maquillaje, a nosotros no nos van a encontrar si lo que quieren es hacer un lavado de cara a la Lomce [Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa]», advierte a Público la portavoz de Educación socialista en la Cámara Baja, Luz Martínez Seijo.
El PP, sin embargo, defiende que su intención no es maquillar nada, sino «buscar un marco de acuerdo en el que todas las fuerzas cedan un poco», defiende la secretaria de Igualdad y Educación en el PP, Sandra Moneo, quien recuerda que, en un principio, los conservadores no detallaron una apuesta económica concreta y finalmente propusieron el suelo de 5.000 millones adicionales.
La financiación ha sido precisamente el primer y último punto del debate conjunto. El bloqueo en este capítulo también fue el motivo de la marcha de ERC y PDeCAT. La subcomisión, por tanto, no ha abordado otros focos claves para el consenso educativo, como la enseñanza concertada, la segregación por sexo, la laicidad en las aulas o la formación al profesorado. «Sólo ha habido voluntad de afrontar asuntos que no generasen tensión», apunta Seijo, que señala que podría haber acuerdo en los grandes titulares, pero no en la letra pequeña. «Todos estamos a favor de la universalización de la educación, pero unos pensamos que hay que articularla desde la escuela pública y otros [PPy Cs], desde la concertada», ejemplifica.
Otro caso de diferencias en la letra pequeña: Unidos Podemos plantea volver al «carácter subsidiario y provisional» de la enseñanza concertada que recoge la Ley Orgánica de Educación (LOE), mientras que el PSOE la define como «una red complementaria», apunta Sánchez. «Es un pacto diseñado por el PP y el PSOE, así que si el PSOE no vuelve a la mesa, está finiquitado», augura el diputado de Unidos Podemos. Los socialistas afirmaron que no regresarán a la subcomisión hasta que se asegure una inversión en educación del 5% del PIB. «Mientras tanto, no seremos cómplices de un mal pacto», sentencia Seijo, que denuncia «el paripé» en el que se va a convertir un órgano que elaborará, si continúa trabajando, «un informe de la derecha española«.
El PP, sin embargo, no da el pacto por «finiquitado» y seguirá trabajando «por respeto a los 83 comparecientes que han pasado por la subcomisión», señala Moneo. La diputada del PP afirma que su propuesta económica «ya contempla el aumento que reclama el PSOE», por lo que tacha de «mera disculpa» la justificación de los socialistas por haberse levantado de la mesa y les pide que «reconsideren su postura».
A su lado, Ciudadanos, que permanece en la negociación «por respeto a la comunidad educativa», lamenta los levantamientos de Unidos Podemos y del PSOE aunque señala que, por el momento, son sólo «mediáticos» porque no se han especificado por escrito. «Pediremos un informe a los letrados para que nos digan hasta qué punto es factible continuar en la subcomisión [el reglamento establece que si un solo grupo lo pide, el órgano tiene que seguir operativo] y si lo es, seguiremos trabajando», cuenta a Público la portavoz de Educación de la formación naranja, Marta Martín, que este martes presentará una propuesta de desbloqueo. «Tenemos la esperanza de que el PSOE reflexione y cambie de opinión porque se ha equivocado», señala la diputada de Ciudadanos: «Ellos pidieron esta subcomisión así que abandonarla antes de acabar el debate es un gesto de cinismo político».
Si la subcomisión sigue adelante, tiene de margen hasta el 16 de mayo para presentar sus conclusiones. Es decir, un documento no vinculante firmado únicamente por PP y Ciudadanos (PNV y el Grupo Mixto nunca han participado en la subcomisión) que se votaría en el Pleno y que, lógicamente, no cosecharía apoyos suficientes para ser aprobado. ¿Y si la subcomisón desaparece? Entonces se volverá a la vía parlamentaria tras un año y medio de debates que pudieron servir para negociar a puerta cerrada sin presión mediática pero que sólo habrán servido para perder tiempo y retrasar una reforma legal.
Y sin subcomisión, ¿qué?
El PSOE centra su estrategia en la derogación de la LOMCE y reclama a Ciudadanos que permita que pueda debatirse la proposición de ley socialista que plantea tumbar la ley Wert. Esta iniciativa lleva meses bloqueada en la Mesa del Congreso porque encadena 46 prórrogas del plazo de enmiendas. El partido naranja, en cambio, afirma que lo que pide esta proposición de ley «ya está puesto en marcha gracias al pacto entre PP y Cs, que ha logrado congelar la LOMCE», apunta Martín: «No entendemos que el PSOE plantee lo mismo que nosotros ya conseguimos».
Precisamente esta semana, el Pleno del Tribunal Constitucional avalará todos los aspectos de la LOMCE que el PSOE recurrió en 2014, entre los que se encuentra la financiación pública de los colegios que segregan a sus alumnos por sexo.
