El Pacto de Estado Social y Político por la Educación se ha dado por liquidado este lunes, después de que espirase el plazo para aprobar una prórroga de su actividad por falta de mayoría, según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press. Las discrepancias con el Gobierno por la financiación del acuerdo llevaron a PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y PDeCAT a abandonar la negociación el pasado marzo. Desde entonces, solo con el PP y Ciudadanos, la subcomisión creada ha permanecido en una situación de bloqueo, pese a que ambas formaciones han mantenido sus trabajos.
Pero estos partidos no han podido culminar el documento con las medidas que debía poner en marcha el Gobierno en una nueva ley de educación tras los 15 meses de trabajo de la comisión. Al no existir una comunicación oficial del abandono de la negociación del resto de formaciones, la proporción del órgano sigue viva y requiere el apoyo de tres quintos de sus integrantes, una representación que no alcanzan PP y Ciudadanos. Tras constatar el fracaso del pacto, ambos impulsarán medidas por separado a través de iniciativas parlamentarias.
La subcomisión se puso en marcha en diciembre 2016 por la necesidad del Gobierno de pactar una nueva ley de educación ante el proceso de derogación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) iniciado por la oposición en el Congreso de los Diputados y tras la poda por parte del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, de algunas de sus exigencias más polémicas. Durante sus 15 meses de existencia, unos 80 expertos han expuesto sus puntos de vista sobre los aspectos que debía contemplar una nueva legislación educativa.
Paralelamente, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, —integrada por representantes de alumnos, padres y profesores— redactó su propia propuesta para el Pacto de Estado por la educación que los grupos políticos acaban de empezar a negociar en el Congreso de los Diputados con un guion de 15 puntos. Uno de ellos, recuperar en cuatro años más de 7.000 millones de gasto educativo que se han recortado desde 2009.
La buena disposición de los grupos participantes saltó por los aires cuando llegó el momento de abordar el punto de la financiación. El Gobierno planteó un suelo de gasto adicional de 5.000 millones de euros para la educación no universitaria hasta 2025. El PSOE abandonó la negociación al comprobar que el PP no iba a apoyar una financiación que en 2025 debía alcanzar el 5% del PIB. Le siguieron después Unidos Podemos, ERC y PDeCAT. El último en abandonar fue el PNV, partido que siempre se mostró «escéptico en cuanto a su funcionamiento», alegando que la salida de otras formaciones dejaba el órgano sin la pluralidad necesaria para un efectivo acuerdo.
La falta de acuerdo y el colapso del foro en el que los partidos debían aproximar sus posiciones abre un escenario de incertidumbre respecto la vigencia de la LOMCE, cuyas polémicas reválidas quedaron en suspensión mientras se alcanzaba el Pacto de Estado Educativo, y después de que el Tribunal Constitucional rechazara el veto del Gobierno a paralizar la derogación de esta polémica ley.
