El máximo responsable de la diócesis de Orihuela-Alicante acusa al Ejecutivo de filtrar información sobre las negociaciones en torno a la resignificación de ese espacio para «dividir a los católicos».
José Ignacio Munilla ha vuelto a situarse este lunes al frente de las voces más duras de la Iglesia española. El Obispo de Orihuela-Alicante, conocido por sus posiciones afines a la ultraderecha, ha aprovechado su audición en Radio María para acusar al Gobierno de haber filtrado datos sobre la negociación con el Vaticano en torno al futuro de Cuelgamuros y, de paso, ha enviado un aviso: la Conferencia Episcopal hará todo lo que esté a su alcance para vigilar la «resignificación» de ese espacio.
Pocos días después de que se conociera que el Gobierno no desalojará a los monjes benedictinos de Cuelgamuros -algo que el Ejecutivo había prometido en reiteradas ocasiones que haría y que finalmente no sucederá-, Munilla ha cargado contra el Ejecutivo por buscar, según sus palabras, «dividir a los católicos».
El Obispo aludía así a las protestas de grupos de ultraderecha contra la Iglesia por haber «cedido» ante los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para convertir Cuelgamuros como un sitio de la memoria.
«Algunos han puesto como su objetivo a la Conferencia Episcopal Española o a la Santa Sede; en vez de manifestarse ante la Moncloa se manifiestan ante la Iglesia«, lamentó el religioso.
A su juicio, el Gobierno buscaba precisamente generar ese clima con la «filtración» a sus «terminales mediáticas». «No es la primera vez que lo hacen. Son unos maestros de las manipulaciones mediáticas«, afirmó. En concreto, culpó al ministro Félix Bolaños de estar detrás de esa filitración.
El Obispo acusó al Ejecutivo de «agitar el anticlericalismo» e intentar «buscar algunos espantajos que distraigan la atención» en un momento en el que se encuentra «en una situación de máxima fragilidad», «acorralado por sus escándalos internos» o «sentado ante los tribunales».
Munilla aseguró que la Moncloa busca “convertir sus derrotas en triunfos” y remarcó que ni se cerrará la basílica, ni se expulsará a los monjes, ni se eliminarán «signos religiosos», por lo que remarcó que el Gobierno busca disimular que “ha tenido que dar un paso atrás” en este asunto.
«Esperpento»
«La Iglesia intentará aminorar cualquier intento de manipulación en esa resignificación, pero no está en su mano plenamente, sino en la medida en la que se le permita estar presente», afirmó. Aseguró además que «la tendencia de esa resignificación, que sea más o menos esperpento, no va a depender de historiadores, sino de la ideología del gobierno que la gestione».
El máximo responsable de la Iglesia en la diócesis de Orihuela-Alicante cargó además contra la ley de memoria democrática, en virtud de la cual se resignificará Cuelgamuros para que deje de ser un espacio de apología franquista. Tras destacar que algunos suelen citar esta normativa como «ley de amnesia colectiva», dijo que el espíritu de la ley no es otro que el «revanchismo».
Acusó además al Gobierno de «amnistiar a delincuentes a cambio de que sus votos nos permitan seguir gobernando», «negociar el futuro de España en el extranjero con un delincuente huido de la justicia» y «poner a España en venta», además de «comprometer el estado de derecho, la separación de poderes y acabar con el principio de igualdad entre todos los españoles» para «mantenerse en el poder».
Munilla aplaudió al hasta ahora prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera -ex candidato de Falange- por haber dado «un paso al costado» de forma «temporal». «El Padre Santiago Cantera es el hombre que ha dado a España la lección moral que necesitaba», afirmó.
