Termina sin denuncia la investigación de la Fiscalía de Murcia sobre quienes se saltaron la cola para recibir las primeras vacunas contra el coronavirus. Un proceso judicial que exculpa a la cúpula de la Consejería de Salud, incluyendo a su entonces consejero, Manuel Villegas, y al obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, y un grupo de sus más estrechos colaboradores en la diócesis.
Para la Fiscalía no hay hecho delictivo, al no existir propiamente una ley que regulase el orden para recibir la vacuna contra el coronavirus. Por la tanto terminan así las diligencias abiertas tras detectarse la posible vacunación irregular de más de 600 funcionarios de la Consejería y otro ámbitos como los que acudieron a la residencia sacerdotal sin ser ancianos o dependientes –comenzando pro su obispo–.
Reproche ético
La denuncia e investigación de estos hechos partió del PSOE y, posteriormente, de Unidas Podemos como recuerda el periódico La Verdad. Este hecho, para la fiscalía, sin ser ilegal, reconoce que “saltarse el orden en el proceso de vacunación, puede suponer un reproche político, social o ético, pero no penal”.
Por lo que se refiere a la residencia sacerdotal Hogar de Betania, donde se vacunaron el obispo y algunos de sus colaboradores, la Fiscalía pide que se proceda a “remitir testimonio de lo actuado a la Consejería de Salud para que proceda, en su caso, a incoar los expedientes administrativos sancionadores pertinentes”. De esta manera se podrían depurar otras responsabilidades más allá de los penal.
