El obispo de Girona acatará la decisión del juez sobre las campanadas nocturnas

El Obispado de Girona tiene claro que la decisión final de si las campanas de la Catedral de la ciudad pueden sonar de noche está a manos del juez. Cuando faltan pocos días para que empiece el juicio -el 16 de marzo- el obispo Francesc Pardo ha reconocido que “de momento no espero nada” y que harán “lo que diga el juez”.

Pardo ha admitido que hay dos normas que entran en conflicto y que tendrá que ser el juez quien decida cuál prevalece. Se trata, por un lado, de la Ley de Centros de Culto, que reconoce la singularidad de las campanas y permite incluirlas como excepción a la normativa de ruido; y de otra, la ley de Protección contra la Contaminación Acústica, de 2002, según la cual el retoque del campanario supera los decibelios permitidos.

Los detalles de la polémica

El conflicto por el tema de las campanas de la Catedral salió a la luz en enero de 2016. Las quejas del hotel consiguieron enmudecer el campanario a través de un decreto de alcaldía firmado por Carles Puigdemont poco antes de dejar el cargo para convertirse en presidente de la Generalitat. Concretamente, dejaron de sonar la noche del 6 de enero desde las doce de la noche hasta las siete de la mañana.

La decisión generó polémica y los vecinos del Barri Vell se reunieron en asamblea para expresar su malestar. Defendían que el sonido de las campanas era parte de la vida de la ciudad y que era un componente cultural y tradicional que acompañaba el día a día de los gerundenses y que, por ello, se tenía que mantener.

Las presiones de los vecinos hicieron rectificar al sustituto de Puigdemont, Albert Ballesta, que consiguió que las campanas volvieran a sonar a partir de finales de febrero. Lo hizo mediante otra maniobra legal, amparándose en la Ley de Centros de Culto. Además, en mayo, el pleno protegió el sonido de nueve campanarios de la ciudad como Bien Cultural de Interés Local.

Frente a la falta de acuerdo, los propietarios del hotel decidieron llevarlo a los tribunales y presentaron una demanda contra el Ayuntamiento, la asociación de vecinos del Barri Vell y el Obispado.

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