Damnificados por la forma de proceder del obispo de Cádiz relatan sus casos: de un cura suspendido cautelarmente a un trabajador que perdió su negocio por una promesa incumplida
La Iglesia de Cádiz puede presumir de tener músculo económico. Así lo atestigua el estado de las cuentas del Obispado, que en 2021 registró casi 15 millones de euros de ingresos. Pero el mandato del obispo, Rafael Zornoza, está salpicado de polémica y de testimonios en contra de su modo de proceder. El último caso conocido es la negativa del Obispado a devolver un inmueble cedido por el Ayuntamiento de San Roque en los años 60, pero en los últimos años han sido muchos los episodios en los que ha sido noticia por críticas incluso de sacerdotes de su diócesis.
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Hay damnificados que no quieren hablar públicamente del obispo por temor a represalias. Otros no pueden hacerlo por estar inmersos en procesos judiciales, como el sacerdote Rafael Vez. Ha sido juzgado este mismo año por haber criticado en sus redes sociales a Zornoza por su política de despidos y desahucios. Por ello fue demandado por el propio obispo, que considera que había transgredido la ley canónica “por crimen de falsedad; desobediencia contra la autoridad eclesiástica; impedir o condicionar la libertad y el ejercicio de la potestad o ministerio; y suscitar aversión u odio en los súbditos contra el Ordinario e inducirles a la desobediencia”.
El portavoz de la Plataforma de apoyo a Vez es Nicolás Fernández, que habla sin tapujos: “Yo asistí a un juicio de lo eclesiástico y estuvieron una hora para ver cómo incriminarlo. El señor obispo es un hombre que vive en la opulencia, que vive lejos de la problemática de los fieles. Hemos vivido la muerte de nuestro obispo emérito, Antonio Ceballos, que era un hombre de Dios, humilde, preocupado por los migrantes, por las personas que se quedaban sin empleo. Con Zornoza, una diócesis como la de Cádiz, donde hay un paro bestial, tiene las puertas cerradas para los que necesitan ayuda”.
Desahucios
Mucha ayuda necesitaban en 2017 los propietarios de El Rincón del Madueño, un bar junto al Teatro Falla de Cádiz que llevaba abierto desde mitad del siglo XX. El local pertenecía al Obispado, que había prometido a José Luis Madueño que prorrogaría el contrato de alquiler si acometía unas obras de remodelación. Una vez que finalizaron las mencionadas obras, se encontró con que la decisión de Zorzona había cambiado. “Nos dijeron que nos lo seguirían alquilando y yo me lo creí porque mi familia llevaba allí toda la vida. Cuando me había gastado mucho dinero en pintarlo y reformarlo me dijeron que no, que se le iba a dar otro uso. Por mucho que les dijimos que aquello era nuestra vida y que nos quedaríamos en la calle, no sirvió de nada. Yo no creo que actuar así sea de buen cristiano”, reflexiona Madueño.
En la misma línea se produjo el desahucio de los porteros del convento de las Capuchinas, de San Fernando. Ildefonso y Carmen, que llevaban trabajando y viviendo desde hace 43 años con las monjas en la localidad isleña. El expediente todavía está en el Tribunal Supremo después haber sido aceptado el recurso presentado por los trabajadores. El convento cerró en 2019 y en el verano de 2022, el Diario de Cádiz publicó que el Obispado preparaba una operación para la venta y desarrollo urbanístico de esos suelos.
También fue muy llamativa su decisión de prohibir que Álex Salinas, un joven transexual de San Fernando, pudiera ser padrino de bautismo de sus sobrinos. “El comportamiento transexual es inmoral. Así no puede apadrinar”, dijo entonces.
Despidos nulos o improcedentes
A Zornoza no le ha temblado el pulso a la hora de acometer despidos de trabajadores de la diócesis, pero las cosas no le han salido del todo bien. “No hay ganado ningún juicio por los despidos, todos han sido declarados nulos o improcedentes. A la diócesis le habrá costado un dineral porque los ha tenido que indemnizar”, asegura Nicolás Fernández.
Uno de los casos más espinosos es el de Antonio Casado, que fuera párroco en Vejer de la Frontera y que fue suspendido cautelarmente de sus funciones por el obispo por unas supuestas apropiaciones indebidas. Lo denunció canónicamente ante un tribunal eclesiástico en Sevilla. En declaraciones a este medio, Casado explica que el obispo “me mandó un decreto para poner unas tierras a nombre del Obispado. Algunas tierras sí que podía ponerlas, pero otras fueron donadas para unos fines precisos”.
“Me puso una denuncia a nivel civil y también eclesiástico y estoy suspendido cautelarmente, sin que se tenga en cuenta la presunción de inocencia puesto que no hay ninguna condena contra mí. Sigo siendo sacerdote y me paga la Diócesis el mínimo, pero no me da destino. Las declaraciones de Zornoza ante el tribunal de Sevilla fueron calumniosas e injuriosas y sigue sin querer hablar conmigo, pero yo estoy abierto al diálogo”. El caso de Antonio Casado se encuentra en punto muerto. En el juicio civil ha pedido el sobreseimiento del caso y está a la espera de ser absuelto, mientras que en el eclesiástico el Tribunal de la Rota Romana no se ha pronunciado todavía.
Este periódico se ha puesto en contacto con el Obispado de Cádiz para ofrecer al obispo, Rafael Zornoza, la posibilidad de ofrecer su versión de los casos que aparecen en el reportaje. Su respuesta fue declinar esta invitación.
