La causa que investiga 11 contratos por valor de 9,5 millones de euros vinculados a la visita del Papa Benedicto XVI a València en 2006 y que mantiene como principales imputados al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, el exconseller Juan Cotino, el exvicepresidente Víctor Campos o al obispo auxiliar Esteban Escudero, como presuntos autores de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la administración, sigue centrándose en si la Fundación V Encuentro de las Familias era pública o privada.
Pero este miércoles, y pese a que jurídicamente el peso versa en ese sentido, la Iglesia le dio un giro con la declaración de Escudero.
Dentro del mundo de la Justicia es muy famosa la frase de «cuando puedas, y haya ocasión, échale la culpa al muerto», pero pocas veces se puede ver negro sobre blanco en una declaración. Esteban Escudero no dudó en atribuir al que fue cardenal arzobispo de esta archidiócesis Agustín García Gasco, ya fallecido, la responsabilidad de las contrataciones efectuadas por la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para preparar la visita del papa a València en 2006.
No contento con eso, el obispo también dejó un recado para la fallecida exalcaldesa de València Rita Barberá. Preguntado sobre cuándo se generó la deuda de la visita del Papa que hubo que repartir entre los patronos -Generalitat, Arzobispado, Diputación de Valencia y Ayuntamiento-, el obispo no dudó, mentó a Barberá.
Sobre la fallecida exalcaldesa dijo que cuando se generó dicha deuda, alrededor de 3,8 millones de euros, el Ayuntamiento y la Diputación se desentendieron porque «Rita Barberá nos dijo que no podía dar dinero, porque si no, la oposición, la criticaría. pero que haría gestiones para conseguir el dinero». Dicho esto, explicó que el obispo García Gasco paralizó el pago de su parte de la deuda para «hablarlo con Camps».
También manifestó que, supuestamente, tras esa charla, fue la Generalitat la que finalmente asumió el pago de los dos millones de deuda que quedaban, dos millones de los que el arzobispado debía abonar un millón que finalmente fue conmutado presuntamente tras dicha conversación.
Esteban Escudero declaró que como en «la iglesia hay una estructura piramidal, era García Gasco la persona que decidía». Así, el obispo auxiliar descargó cualquier responsabilidad por su parte. Tampoco aportó ninguna prueba más allá de su declaración que acredite este extremo. Una declaración que hasta ahora no ha ratificado ningún otro imputado. Una declaración que deja en mal lugar a Camps y que deberá contrastar el expresidente cuando declare el próximo día 5 de junio.
¿Pública o privada?
En cuanto al epicentro de la investigación, si la fundación era pública o bien privada, lo que llevaría a un procesamiento o a un posible archivo de la causa, Esteban Escudero dijo que en ningún momento pensaron que debían cumplir la Ley de Contratos de las Administraciones públicas porque era una fundación privada: conocían a las empresas, porque algunas eran donantes, y buscaban tres presupuestos y elegían el más barato. Según dijo, desde el Arzobispado pensaban que lo hacían correctamente.
En cuanto a lo sobredimensionado del evento, dijo que se habían basado en la anterior visita papal en Manila. Allí, tres millones de personas fueron a ver al santo padre, pero finalmente en València no llegaron al millón y medio de personas. Ese ‘bluf’ en las previsiones hizo que sobraran sillas, urinarios o vallas, entre otras muchas cosas.
Acceso por lugar no autorizado
En otro orden de cosas, el obispo llegó a declarar y entró por un acceso prohibido excepto para funcionarios y profesionales. Esteban Escudero, tratando de evitar a los medios de comunicación, tiró de ‘sotana’ y entró por detrás cuando no iba a bendecir el edificio y ha realizar ningún acto dependiente de su profesión.
Escudero, diciendo que es obispo, se saltó la legalidad cuando en realidad acudía a la Ciudad de la Justicia como imputado, no como cura.