Entre las muchas mentiras con las que el Gobierno de Rajoy ha querido justificar su cruel reforma del aborto hay una que destaca sobre las demás. Es esta idea, tan extendida, de que la ley actual permite a las mujeres de 16 y 17 años abortar sin informar a sus padres. Es falso, por mucho que lo repitan políticos como Rosa Díez o varios dirigentes del PP, que incluso llevó el asunto a su programa electoral. "Cambiaremos el modelo actual de regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores". La supuesta "protección a las menores" fue una forma elegante de apelar a los padres, un cuerpo electoral muy rentable en una sociedad que sigue siendo tremendamente patriarcal. En España las hijas siguen siendo tratadas en muchas familias como una propiedad del padre, sobreprotegidas y con menos derechos y libertades que los hijos varones. En su momento, la ley de plazos del PSOE fue muy cuestionada, incluso entre algunos dirigentes socialistas – todos hombres-, precisamente por no obligar a las mujeres de 16 y 17 años a pedir permiso. La polémica fue tan grande que muchos se quedaron con una idea que no es verdad. Estas menores no abortan en España a espaldas de sus padres. La ley obliga a informar al menos a uno de los dos, salvo que exista "un conflicto grave" de "violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos". Son supuestos razonables; no creo que haya quien defienda obligar a una hija a informar de su decisión de abortar a un padre maltratador.
La ley actual da la última palabra sobre su maternidad a las mujeres de 16 y 17 años. Es también razonable, son ellas las que verán cambiar su vida, y también hay adolescentes que se podrían ver obligadas por sus padres a abortar contra su voluntad. Antes de opinar sobre el tema, conviene leer un reciente estudio de la ONU sobre la maternidad en la niñez, donde los expertos de las Naciones Unidas recomiendan a todos los países que permitan a las mujeres de 16 y 17 años abortar sin permiso paterno. Sus argumentos son claros: complicar el aborto, especialmente a las menores, implica un serio riesgo para su salud. En el mundo, casi la mitad de los abortos se realizan en condiciones de riesgo. Cada año, unas 70.000 mujeres mueren en abortos clandestinos, una tragedia directamente relacionada con lo intransigente que sea la legislación. Son las menores, por el miedo a sus padres y la falta de recursos económicos, las que más riesgos corren.
Todos estos datos son obvios y entre los expertos que analizan el aborto como un problema sanitario ni se debaten. Pero es que esta reforma no la ha hecho el Ministerio de Sanidad, sino el de Justicia. A este paso, la siguiente vuelta de tuerca sobre el aborto la decidirá el Ministerio del Interior.
