El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado al Grupo de Unidos Podemos en el Senado que el Gobierno estará encantado de trabajar sobre «cualquier reforma» que se considere necesaria llevar a cabo en la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa, pero ha recordado que esta ya es un «modelo» para muchos países de su entorno.
«Cualquier reforma que ustedes consideren que es necesario llevar a cabo en nuestra Ley de Libertad Religiosa, que insisto es modelo para muchos países de nuestro entorno, nosotros estaremos encantados de trabajarla siempre desde esos principios: el articulo 16.3 y 9.2 de la Constitución, y del desarrollo de una Ley que ha dado un extraordinario aval a la puesta en marcha de una realidad sociológica de enorme riqueza cultural y religiosa en España como es la que tenemos en este momento», ha explicado el ministro en la Cámara Alta.
Catalá se ha expresado así en el Pleno del Senado, donde ha sido interpelado por el senador de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Joan Comorera sobre si el Gobierno garantiza adecuadamente la aconfesionalidad del Estado prevista en el artículo 16.3 de la Constitución, que establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal.
El parlamentario de la formación morada ha acusado al ministro de no respetar el artículo antes citado y se ha servido de algunos casos como el hecho de que en la sede central del Ministerio de Defensa la bandera ondeara a media asta durante la Semana Santa, o que se haya condecorado a una cofradía «que poco aporta a la seguridad del Estado».
Asimismo, Comorera ha indicado que el presidente del Gobierno y varios de los ministros juraron el cargo «ante un crucifijo» y ha añadido que «en las prisiones también priman las religiones» cuando a la sociedad civil y a las ONG se les están «cerrando las puertas». «Es llamativo que el número de programas religiosos sea mucho más elevado que el resto de programas», ha alertado.
El senador de la formación morada considera que los funerales de Estado «católicos» son otra de las «asignaturas pendientes». A su juicio, estos hechos «ponen en entre dicho la aconfesionalidad del Estado». Además, ha indicado que «a muchos» les retrotrae a la «etapa franquista».
«Las instituciones no tienen creencias, las personas pueden tenerlas o no, pero las instituciones no las tienen», ha destacado, para después añadir que es necesario un protocolo de «obligado cumplimiento» por el que se garantice la aconfesionalidad de todos los actos institucionales en España. También ha destacado la necesidad de iniciar un debate sobre la «separación de Iglesia Católica estado».
ACONFESIONALIDAD «GARANTIZADA»
Por su parte, el ministro de Justicia considera que el Gobierno garantiza «adecuada y plenamente» la aconfesionalidad del Estado prevista en la Constitución, y ha señalado que, desde la llegada de la democracia, España ha ratificado «todos los convenios internacionales» que garantizan el derecho fundamental de conciencia, pensamiento y religión.
Para el titular de la cartera de Justicia, la Ley actual ha establecido un «sistema de gestión de la libertad religiosa» en España «modélico». También ha destacado la necesidad de «garantizar la neutralidad» del Estado.
En este sentido, Catalá ha defendido que «nada» dice el ordenamiento jurídico respecto a qué elementos religiosos deben estar presentes en la toma de posesión de un alto cargo. «Es la decisión individual de la persona la que hace que pueda haber un crucifijo o no», ha explicado, para agregar que se está ejerciendo el derecho de libertad religiosa. De esta forma, el ministro ha apuntado que prohibirlo sería violentando la neutralidad. «Hay que respetar la opción individual y personal de cada ciudadano», ha enfatizado.
Además, ha puesto de relieve que otras confesiones religiosas han firmado acuerdos y convenios con el Estado y se benefician «por tanto de algún tipo de reconocimiento». También ha destacado que existe una Comisión asesora de libertad religiosa que permite un «sincero» diálogo interconfesional que sirve para mantener la estabilidad y resolver controversias.
En concreto, Catalá se ha referido al caso de las cofradías y ha dicho que tienen una «labor social, de beneficencia y de atención a los más necesitados» por lo que, desde su punto de vista, merecen el reconocimiento público.
Sin embargo, el senador Comorera considera que el ministro «constantemente» ha mezclado los conceptos la libertad religiosa con la neutralidad del Estado». Respecto a las cofradías, el parlamentario ha asegurado que no discute «ni mucho menos» su labor social, pero considera que se puede reconocer su trabajo con otro tipo de distinciones que no sean «medallas policiales».
«Ya va siendo hora de que en nuestra democracia deje de mezclarse la religión con la política y el Estado», ha insistido el parlamentarios, que ha indicado que en la última década el porcentaje de católicos en España «ha caído 7 puntos porcentuales, mientras que quienes se declaran ateos o no creyentes aumentó en una proporción similar». Según el senador, «la ausencia de símbolos religiosos no molesta, no ofende, no provoca tensiones y su presente invocación sí».
Por su parte, Catalá ha replicado al senador que la libertad religiosa está «íntimamente» relacionada con los principios de la aconfesionalidad del Estado y ha asegurado que «ninguna confesión tiene carácter Estatal», y que la aconfesionalidad está garantizada «al máximo nivel» por el ordenamiento jurídico.
No obstante, el ministro ha defendido que el hecho religioso está presente en la sociedad española. «Hay un porcentaje muy alto de ciudadanos que sí quieren ese sentimiento y es una obligación, un mandato a los poderes públicos crear y desarrollar políticas que permitan reconocer esas creencias y esos sentimientos en un contexto de aconfesionalidad, por su puesto», ha zanjado.
Finalmente, Rafael Catalá ha abogado por «mejorar en la medida de lo posible» el marco jurídico, seguir trabajando con todas las confesiones religiosas y «hacer efectivo el respeto a la libertad religiosa que la Constitución consagra».
