El Ministerio del Interior abre un expediente para evaluar “si persiste” la utilidad pública de HazteOir

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska confirma que se ha abierto un expediente “por orden del ministro” para “ver si persiste la utilidad pública de HazteOir”

La noticia de que el Ministerio del Interior no se planteaba revocar esta prebenda, que implica ciertas ventajas, ha generado gran polémica en Twitter

El Ministerio del Interior abre la puerta a retirar la declaración de utilidad pública al grupo ultracatólico HazteOir. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha confirmado la apertura de un expediente por orden del ministro “para ver si persiste la utilidad pública de HazteOir”  tras hacerse público que el Gobierno no se había planteado llevarlo a cabo. Fuentes del ministerio explican ahora que la decisión se ha tomado antes de publicarse la noticia.

La publicación de que el ministerio no se planteaba su retirada ha generado una gran polémica en Twitter y algunos parlamentarios socialistas y miembros del partido han desmentido en sus cuentas la noticia, entre ellos el diputado por Gipuzkoa Odón Elorza, que ha asegurado que “no es correcta” o el secretario de Estado para el Avance Digital Francisco Polo, que tras afirmar en un primer tuit que se trata de una “noticia falsa”, ha rectificado asegurando que “no es correcta”.

Fuentes del Ministerio del Interior habían confirmado a este medio el pasado 6 de agosto que retirar la utilidad pública a HazteOir, conocida por su férrea oposición al aborto y por el polémico autobús tránsfobo que puso a circular el pasado verano, no se había planteado.

Tras publicar la noticia, las mismas fuentes apuntan a que “en este tiempo” el ministro “ha ordenado un estudio sobre la valoración de la utilidad pública y las asociaciones que la cumplen”. Una decisión que se ha tomado “recientemente” porque el hecho de que el ministerio no se hubiera planteado llevar a cabo la retirada se limitaba a un “de momento”, matizan. Poco después, Interior ha confirmado vía Twitter la apertura de un expediente para ver si persiste está declaración.

Algunos diputados socialistas apuntan en sus cuentas de Twitter que la retirada de la declaración es algo seguro. Sobre la posibilidad de la revocación en caso de que HazteOir no cumpliera con los requisitos contenidos en la ley, fuentes del departamento dirigido por Grande-Marlaska declinan responder o adelantar qué haría Interior en ese caso.

La ley 1/2002 reguladora del derecho de asociación reserva a Interior la posibilidad de conceder y revocar esta prebenda, que implica ventajas fiscales y asistencia jurídica gratuita, a las asociaciones en función de varios requisitos.

La legislación obliga a las entidades que son declaradas de utilidad pública a cumplir una serie de condiciones, entre ellas, que su actividad no beneficie solo a sus socios, que los miembros de los órganos de representación que cobran una retribución no lo hagan con cargo a subvenciones públicas o que cuenten con los medios. Además de las consideraciones técnicas, el texto fija como requisito que persigan objetivos de “interés general” y que tengan un carácter, entre otros, “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social”, de “fomento de la tolerancia” o “de protección de la infancia”.

Reacción al autobús tránsfobo

El Gobierno del PP declaró de utilidad pública a HazteOir en mayo de 2013 cuando ocupaba la cartera de ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Tras una intensa campaña contra el derecho al aborto, el grupo ultracatólico volvió a ocupar los titulares con el autobús naranja que puso en circulación por varias ciudades españolas con el mensaje “los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”.

La reacción política contra el vehículo y la campaña de los ultracatólicos no se hizo esperar. Decenas de políticos mostraron su rechazo en público y el tema se coló en el Congreso,  donde el PSOE y Unidos Podemos pidieron responsabilidades al entonces Gobierno del PP y le exigieron la retirada de la utilidad pública. Días después el pleno de la cámara aprobó una transaccional suscrita por los socialistas, Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea, ERC y Ciudadanos a raíz de un texto original presentado por el partido morado. El PP se abstuvo.

El pasado mes de febrero, el tema volvió al Congreso de los Diputados en un nuevo intento capitaneado por Unidos Podemos, esta vez en la Comisión de Interior. El grupo presentó una PNL a la que se adhirieron ERC, PNV, el Grupo Mixto y el PSOE mientras PP y Ciudadanos cambiaron de postura respecto a la anterior: en esta ocasión, los populares pasaron de la abstención al “no” y el partido naranja del “sí” a la abstención.

Mientras tanto, el entonces ministro del Interior Juan Ignacio Zoido había pasado de asegurar en el Congreso, en medio de la tormenta mediática y social, que revisaría la declaración de utilidad pública a HazteOir,  a negar que existieran elementos para hacerlo unos meses más tarde.

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