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El lenguaje laico del Estado

Hay que repensar la relación entre religión y política, porque la democracia necesita aliados morales

Alarma social causó por unas horas la noticia de que Rouco Varela y Esperanza Aguirre, cardenal y presidenta de Madrid, respectivamente, habían firmado un acuerdo que permitía la presencia de un representante eclesiástico en el comité de ética y de cuidados paliativos de los hospitales públicos. La alarma se desinfló cuando se supo que el tal acuerdo reproducía otro, firmado hace 11 años, que había pasado desapercibido porque nada raro había ocurrido por la sencilla razón de que no se había puesto en práctica. Ni un cura en comité alguno de ética.
La falta de novedad puede quitar importancia a la noticia, pero no al hecho del convenio. Estos comités no toman efectivamente decisiones, sino que "asesoran a la dirección de un hospital" cuando los deseos del paciente no coinciden con los del médico en asuntos tales como la sedación terminal de un enfermo o la reanimación o no de un bebé con malformaciones letales. El comité no decide, pero quien tome la decisión tendrá que contar con su informe. Estamos, pues, ante un organismo que tiene un gran papel en asuntos del mayor interés, porque tocan la vida y la muerte.

¿CUÁL ES EL problema? Hay un aspecto coyuntural, a todas luces secundario, que explica el morbo informativo de la noticia. Se llama Esperanza Aguirre. En la osada lideresa del Partido Popular, que pide un debate de ideas para tapar sus ambiciones políticas, el citado acuerdo es como la negación práctica de sus ideales liberales. ¿Acaso no forma parte del liberalismo la neutralidad ideológica del Estado, la libertad de conciencia, es decir, la separación entre Iglesia y Estado? Este apaño con la Iglesia católica pone de manifiesto que, cuando ella levanta la bandera liberal, no es la del liberalismo progresista, sino la del neoliberalismo reaccionario. Ya que estamos asistiendo al duelo Rajoy-Aguirre, como si de un espectá- culo nacional se tratara, la complicidad del cardenal de Madrid con la presidenta era un combustible periodístico que no se podía desaprovechar. Esto es lo anecdótico.
Lo significativo e importante, sin embargo, es el lugar que ocupa la religión en una democracia moderna. Lo que nos enseña la tradición liberal es que el lenguaje del Estado es laico. Los criterios morales y políticos tienen que ser racionales, accesibles a todos, explicables con las luces de la razón. A la hora de hacer leyes o de desarrollarlas –como hace este Convenio para la asistencia en los hospitales–, hay que considerar a cada miembro de la sociedad como un ciudadano, aunque sea creyente. Quien represente a ese Estado, aunque sea en un modesto, pero oficial comité de ética de un hospital, tiene que hacerlo como ciudadano y no como delegado de una confesión religiosa. Esto es el abecé del liberalismo, de ahí el desasosiego de la noticia. El hecho de que el convenio firmado entre Alberto Ruiz-Gallardón y Rouco Varela en 1997 haya pasado desapercibido porque nunca fue activado no le quita gravedad.
Pero con esto no está todo dicho. La lógica liberal condenaba la religión a "asunto privado", es decir, consideraba que el lugar de la religión era la conciencia del individuo o la sacristía. Y eso es lo que no ha ocurrido. La religión está en la calle porque es un asunto público. Basta pensar en el islam o en el catolicismo en América Latina o en el budismo en el Tíbet. El sueño laicista de la modernidad no se ha cumplido: ni la religión es un asunto privado ni la razón secularizada ha sido capaz de organizar racionalmente el mundo. No se trata de renunciar al Estado laico ni a la secularización de la política y de la ética. Pero sí que hay que repensar la relación entre religión y política, partiendo del supuesto de que la política democrática necesita aliados morales y de que la religión es, queramos o no, un asunto público. Por eso se habla ahora de que estamos en una sociedad "postsecular". Esto es lo que le cuesta entender al PSOE.

EN ESTA sociedad postsecular hay que escuchar a la religión y conocer lo que tengan que decir las confesiones sobre el sentido del sufrimiento, la eutanasia o los cuidados paliativos. Más allá de las voces reaccionarias de algunos de sus representantes, estas tradiciones han reflexionado mucho sobre la vida y la muerte, sobre el sentido de lo sinsentido o sobre la esperanza de los desesperados, y no hay razón para desaprovechar esas reservas de sentido. Cuando en la Europa hitleriana todo el mundo callaba, fueron algunos pocos obispos católicos los que protestaron contra los planes eugenésicos nazis. Esas voces deben ser escuchadas. El problema es saber dónde y cuándo. Su lugar no es el Estado o las instancias oficiales, sino la plaza pública o, dicho de otra manera, tienen que dejar oír su voz cuando la sociedad debate esos asuntos, para formarse una opinión fundada, antes de que se formalice la decisión en leyes. A partir de ese momento, el único lenguaje posible es laico. Por eso no es de recibo la presencia de un representante del Servicio de Asistencia Religiosa en las comisiones de ética.
Si resulta contradictorio que la liberal Aguirre estampe su firma al pie de este convenio con la Iglesia, no lo es que lo haga el otro firmante, Rouco Varela, porque este está convencido de que en asuntos de moral, el lenguaje del Estado no debe ser laico. El cardenal le ha metido un gol a la lideresa por toda la escuadra.

*Filósofo e investigador del CSIC

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