El laicismo no es un ideal de confrontación, sino de concordia. Tampoco es un ideal que defiendan quienes tienen intereses particulares encarnados en él; se trata más bien de una defensa absolutamente altruista de quienes creen en un sistema jurídico-político más justo.
Los tres principios básicos del laicismo –la libertad de conciencia, la igualdad de trato de toda la ciudadanía, y el interés general como única razón de ser del Estado y sus instituciones– son los tres principios básicos sobre los que se levantan los cimientos de la democracia. Ninguna democracia es completa si existe discriminación por motivos religiosos, sexuales, de género o de otro tipo.
En una democracia laica y republicana, los individuos son ciudadanos de pleno derecho y deber, independientemente de sus distintas particularidades. Son esas particularidades (género, religión, estatus social, etc.) las que no pueden determinar el estatus jurídico de un individuo en tanto que ciudadano de un Estado. Cualquier privilegio otorgado a una persona o grupo de personas en función de una particularidad de este tipo conculca automáticamente los principios democráticos de la libertad, la igualdad y la preeminencia del bien común, pero además restringe ilegítimamente los derechos de los demás ciudadanos que no forman parte de esa particularidad, en la medida en que se crean automáticamente ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda dentro de un Estado.
La creencia religiosa y la adhesión a una iglesia determinada es una opción particular, que nunca puede ser de interés general. De igual forma ocurre con la opción atea, que siempre es particular. Hay quienes creen en instancias sobrenaturales, hay quienes no creen, y hay quienes se definen agnósticos. Todas las opciones caben dentro de un Estado laico, en la medida en que se garantice la libertad de conciencia de toda la ciudadanía sin discriminaciones. La llamada “libertad religiosa” es un concepto ético y jurídico que ha servido para legitimar los privilegios de la(s) opción(es) religiosa(s) sobre quienes no se adhieren a ninguna religión. Por eso, Europa Laica lleva varios años exigiendo derogar la actual “Ley de libertad religiosa” de 1980, y sustituirla por una Ley de Libertad de Conciencia (el texto de la propuesta fue presentado en marzo de 2009 a los grupos políticos con representación parlamentaria). El concepto de “libertad de conciencia” abarca todas las posibilidades de adhesión espiritual de los individuos no solo reales, sino también posibles. Establece la neutralidad del Estado y sus instituciones en materia religiosa, y la eliminación de cualquier privilegio de cualquiera de ellas sobre las demás. Solo así se puede llegar a conseguir un estado democrático genuino, que en definitiva es un Estado que se identifica con los principios del laicismo y del republicanismo. El interés general está por encima de los intereses particulares de unos u otros.
En España es la Iglesia católica la que disfruta de toda una serie de privilegios ilegítimos que contradicen frontalmente los principios democráticos de los que hemos hablado. Esos privilegios son de carácter económico, simbólico, político, jurídico y social. Vienen avalados por una serie de leyes que se han ido enquistando en el patrimonio legislativo español desde la época del franquismo hasta nuestros días, hasta el punto de que los acuerdos del 3 de enero de 1979 con la Santa Sede no hacían más que ratificar las disposiciones del Concordato que firmara Franco en 1953, que aún sigue en vigor.
Por otra parte, el laicismo, además de una exigencia democrática urgente, puede ser igualmente un punto de partida ineludible para la salida de la crisis que vivimos en nuestro país. Si tenemos en cuenta que las crisis económicas en general no son solo económicas, sino también políticas, sociales, y morales, es fácil colegir que un sistema jurídico-político más justo y legítimo puede contribuir a generar confianza en la ciudadanía, en la medida en que supone una restitución de la vocación política a lo público, lo que es de todos, y no solo de algunos. Las medidas legislativas que proponemos desde Europa Laica no solo suponen un ahorro sustantivo de dinero al Estado, sino también una garantía de legitimidad política de los gobernantes, pues supondrían definitivamente acabar con la discriminación en todos los ámbitos (económico, fiscal, simbólico, educativo, jurídico) que se ha consolidado como una forma más de corrupción democrática en nuestro país: la discriminación en razón de creencias religiosas.
Ponencia presentada en el IV Febrero Republicano en Sevilla (2015). De la I a la III República
César Tejedor de la Iglesia es Profesor de filosofía y responsable del area de formación de Europa Laica
Miguel Campillo presenta a César Tejedor (en el centro)
