Para sus autoridades, India está sustentada en el principio del laicismo, es decir el Estado siempre respetará la diversidad de religiones sin interferir en ello. El 11 de diciembre de 2019, el Parlamento de la nación aprobó la Ley de Enmienda de Ciudadanía, un documento que le permite a los refugiados que han huido por razones religiosas de Pakistán, Bangladesh y Afganistán, obtener la ciudadanía de una manera más rápida siempre y cuando no practiquen el islam.
En india, el islam es la segunda religión más seguida con al menos 200 millones de practicantes. La exclusión a la que se han visto sometidos los musulmanes, por la aplicación de la nueva ley de ciudadanía, derivó en una serie de manifestaciones en todo el país donde los principales promotores han sido estudiantes y los propios musulmanes.
En las calles, las personas se han unido por encima de las divisiones políticas tradicionales. A muchos les preocupa que la enmienda, junto al Registro Nacional de Ciudadanos (el cual censa a los auténticos indios), pueda utilizarse para quitarle la ciudadanía india a los musulmanes.
“La creación de India se basó en el laicismo, que por lo tanto no permite que el Estado discrimine debido a la religión y por eso los principios fundamentales de nuestra república están amenazados. Los líderes de nuestra nación, el sr. Modi, el Sr. Amit Shah y el Partido Popular Indio han tomado el control del país y quieren convertirlo en una república hindú, lo que es totalmente contrario a nuestra Constitución”, opina el abogado Prashant Bhushan.
No obstante, el primer ministro Narendra Modi se ha defendido alegando que existe una incomprensión de la ley. A su juicio, el nuevo texto legal tiene la finalidad de ayudar a las minorías religiosas que regularmente son perseguidas en países como Bangladesh, Pakistán y Afganistán; una respuesta que no calmó la ira entre los activistas.
