La derecha político-religiosa de este país se moviliza al instante cuando alguno de sus privilegios puede verse comprometido. Se trate de la concertación de las escuelas privadas, del patrimonio apropiado por la Iglesia Católica vía inmatriculaciones o de la exención de impuestos de esta misma corporación aunque sus actividades lucrativas hagan «cajas» millonarias como es el caso de la Mezquita de Córdoba. Cuando algún político, en defensa de la aconfesionalidad del Estado, denuncia la connivencia de las instituciones públicas en el sostenimiento de estos privilegios, y cuestiona las leyes que los amparan, la derecha político-religiosa se quita la careta de la bondad, la caridad y el amor al prójimo, y arremete contra él sin piedad.
Y esto lo ha comprobado en primera persona el senador de Compromís Carles Mulet, que como parlamentario electo ha preguntado al gobierno cuánto dinero se gasta el Estado en mantener en plantilla a los curas de los hospitales públicos (1 cura por cada 250 camas aproximadamente). La reacción de la derecha político-religiosa no se ha hecho esperar. Desde que la prensa publicó sus preguntas, ha recibido centenares de insultos y amenazas. La derecha política-religiosa no se anda con chiquitas. El senador seguro se esperaba una reacción similar, porque ya ha sufrido este acoso por defender la aconfesionalidad del Estado. Pero lo que creo que no se esperaría (o sí) es que desde sus propias filas le intentaran desautorizar.
La coherencia es un valor que cotiza a la baja entre los dirigentes políticos. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, cabeza visible de Compromís, en rueda de prensa, ha defendido la presencia de curas en la carta de servicios de hospitales públicos argumentando que la asistencia religiosa es un derecho de cualquier persona. Además de «desautorizar» a su compañero de partido (mientras uno denuncia, la otra justifica), la vicepresidenta comete un error de 1º de laicismo: confundir el derecho individual a tener unas creencias religiosas, o ninguna, (muy legítimo) con la obligación del Estado de costear lo que conlleve esa creencia partícular. Una cosa es que un enfermo le pida al cura (pastor, imán o rabino, da igual) que le visite en el hospital y otra cosa es que el Estado tenga que pagar su nómina. El laicismo no niega el derecho individual a tener una u otra religion. Laicismo significa (en este caso) que esas creencias particulares no las tiene que pagar el conjunto de la ciudadanía.
Pero Oltra ha ido más allá. Afirma que la solución a esta confusión entre lo público y lo privado, que genera tantos privilegios, no pasa por la «derogación» de los acuerdos con la Santa Sede, sino por su «modificación», adecuándolos a la Constitución (¿?). No es precisamente eso lo que recoge el programa político de Compromís. Allí se habla explícitamente de «derogar» estos acuerdos (punto 1 del apartado Laicismo). La vicepresidenta parece ir por libre. Mulet y Oltra, dos políticos y un mismo programa político. Si me dan a elegir, elijo la coherencia.
Eugenio Piñero Almendros / Miembro De Valencia Laica
