Atiende la reclamación planteada por la asociación Abogados Cristianos, desde la que aseguran que el juez en su auto señala que el ejercicio de la libertad religiosa, con las limitaciones ya establecidas en la legislación estatal, «no supone peligro cierto de contagio».
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Albacete ha suspendido cautelarmente la prohibición de celebrar todo tipo de actividad religiosa en la localidad de Villamalea tal y como había decretado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, entre las medidas implementadas para tratar de frenar la expansión del coronavirus en el municipio, actualmente confinado.
Medidas que se adoptaban el pasado 17 de agosto, después de que la localidad se acercara a la treintena de contagios y que, por otra parte, ya se había planteado junto a otras medidas en otros municipios de la región, como Arroba de los Montes.
Ahora con la localidad superando los 120 positivos se produce la suspensión cautelar de esta medida, atendiendo a la petición planteada desde la Asociación Abogados Cristianos, que veía tras la decisión una muestra de «laicismo extremo».
Así lo han señalado desde este colectivo en una nota de prensa, en la que destacan cómo en su auto el juez asegura que dicha orden «resulta excesiva y genérica» en cuanto a su pretendido ámbito de aplicación, a la vez que «ambigua y carente de justificación concreta bastante» como para «cercenar el ejercicio de un derecho fundamental».
Del mismo modo explican que el juez considera que «el ejercicio de la libertad religiosa, con las limitaciones y condiciones ya impuestas por las normas estatales, no supone peligro cierto de contagio».
Por otra parte, en el auto también se considera que los actos religiosos no están entre los elementos propagadores, a diferencia de las celebraciones familiares, actividades lúdicas y recreativas, o el ocio nocturno. Eventos estos -señala el comunicado de Abogados Cristianos- «no han sido suspendidos y cuyo desarrollo se ha sometido a condiciones concretas de ejercicio tras haber efectuado una ponderación de los intereses en conflicto».
Una decisión que celebra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, quien insiste en que «la justicia no puede permitir que algunos gobernantes utilicen la situación actual para imponer su laicismo extremo».
Considera que esta medida planteada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en Villamalea «se trata de algo gravísimo que atenta contra derechos protegidos en la Constitución española y en todos los convenios internacionales de protección de los Derechos Humanos». Motivo por el cual piden que «el responsable de esta orden sea inhabilitado».
Una petición que ya manifestaba hace unos días esta asociación al anunciar la querella interpuesta contra el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, «por prevaricación y delito cometido por funcionario público contra el ejercicio de derechos fundamentales».
Ahora desde el colectivo aseguran que no descartan tampoco emprender acciones legales contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por este mismo motivo.
