Pasó de tener un despacho como jefa administrativa del Obispado de Cádiz a tener una mesa en un pasillo. De ahí, a ser desplazada a otro departamento como secretaria y a que le modificaran el horario sin más opción de réplica que la judicial. Luego, llegaron las sanciones a su marido, chófer del obispo Rafael Zornoza, y el despido fulminante. Un juzgado ha declarado nula ahora su destitución y ha puesto nombre al calvario que C. A. M., de 46 años, ha vivido: “Una represalia empresarial”.
La sentencia, formulada por el Juzgado de lo Social Número 3 de Cádiz, ha llegado justo cuando otra mujer, Carmen Guerrero, se prepara para una batalla judicial contra la misma institución eclesiástica. Después de dedicar 44 años a ser guardesa de un convento de San Fernando sin ni siquiera estar dada de alta, el obispado pretende desahuciarla de una casa que ha funcionado como pago en especie estos años. Los casos de Guerrero, de la administrativa y del chófer son solo tres de una oleada de despidos que ya suma “al menos 20 afectados”, según calcula este último, que prefiere preservar tanto su anonimato como el de su mujer.
“El obispado tiene ahora una línea ultraconservadora, quieren gente de esa ideología y no a los que no piensan como ellos”, resume la empleada afectada que, pese a ello, desea poder reincorporarse a su puesto. Desde la defensa de Guerrero saben a lo que la administrativa se refiere. La misma profesional —que prefiere no dar su nombre— que asesora a la guardiana de 63 años ya vivió el despido de dos empleados más, una archivera que llegó a acuerdo extrajudicial y un sacristán al que tuvieron que readmitir. “Es una persecución al anterior obispado”, opina la graduada social.
El obispado ha declinado hacer declaraciones sobre los casos de ambos matrimonios y el resto de denuncias. Entre tanto silencio, Rafael Vez, sacerdote y canónigo de la catedral de Cádiz, es uno de los pocos curas que han alzado la voz para pedir la dimisión del ecónomo y mano derecha del obispo, Antonio Diufaín. “Más vale que renuncies al cargo de ecónomo diocesano y te marches por donde has venido (…) ¿Cuánto lleva pagado la diócesis en indemnizaciones? ¿En abogados y pleitos?”, ha afirmado Vez, tras el juicio a la administrativa.
“Me hicieron la vida imposible”, resume la administrativa y economista sobre un trance que arrancó hace algo más de tres años, después de acabar trasladada a la delegación de enseñanza del obispado. Todo se complicó en septiembre de 2017, cuando la empleada decidió denunciar a la institución por el cambio de horario que le aplicaron sin consenso. Reclamó por vía judicial y acabó perdiendo. Apenas un mes después, su marido fue sancionado cuatro días por aprovechar un viaje a Algeciras con el obispo Zornoza para llevar también a su mujer en un desplazamiento por motivos laborales. La impugnación de las condiciones laborales de la administrativa y de la sanción del chófer —que sí ganó en su fallo judicial— precipitaron el despido de la mujer en octubre de 2018. “No existe el más mínimo motivo que pudiera explicar alguna otra motivación de un despido sin causa alguna que lo justifique, después de casi 20 años de prestación de servicios”, considera el juez Francisco Borja Derqui-Togores de Benito. Poco después de aquello, la ansiedad y la depresión llevaron al marido a una baja médica, en la que aún continúa.
Tampoco Guerrero lo está pasando bien ante su posible desahucio y su jubilación sin pensión. “Nos echan a la calle sin querer hablar y sin tener derecho a nada y yo creía que algún derecho tenía porque lo he trabajado”. En 1973, la mujer llegó para vivir y trabajar junto a su marido, Ildefonso Portillo, a la casa del convento de San Fernando. Las monjas capuchinas que estaban entonces hicieron un contrato a Portillo. A ella no, que se encargaba de atender a las religiosas y de limpiar. Guerrero recibía “una retribución” en especie con la casa, alimentos o el pago de la luz y el agua, como reconoció en 2008 la abadesa en un documento que firmó para proteger al matrimonio. Hace dos años que las monjas se marcharon del edificio y este regresó a las manos de su propietario, el obispado. Portillo se jubiló, pero Carmen ha seguido encargándose del cuidado de las zonas comunes y de labores de portería. En noviembre de 2018 el matrimonio recibió un burofax que le comunicaba que debían abandonar la vivienda.
Fue así como comenzó un litigio que en marzo vivió su primer capítulo con un juicio por la vía civil que, aún sin sentencia, deberá dirimir el caso del desahucio. El próximo 19 de junio, Guerrero irá de nuevo a los tribunales, ahora para defender que estos más de 40 años desempeñó un trabajo, pese a que nadie la diese de alta. La profesional que la defiende cree que el obispado “ha incumplido su obligación como empresa subrogadora”.
El sufrimiento de ambos matrimonios con la Iglesia de Cádiz está lejos de ser un caso aislado. Desde que el actual prelado llegó a la diócesis en agosto de 2011, tanto trabajadores laicos como clero se han visto afectados por despidos, destituciones y traslados. Sin embargo, las voces críticas internas son escasas. “Los que siguen, tienen miedo”, explica el chófer.
