Ha sido acusada de «envenenamiento», que conlleva una pena de 40 años de prisión 2.000 profesionales de la sanidad se han autoinculpado y exigen que la ley se modifique
La apertura del juicio a una doctora y una enfermera por administrar una dosis mortal de potasio a una enferma terminal de cáncer ha originado un encendido debate en Francia sobre la legalización de la eutanasia activa. Ambas actuaron con conocimiento de causa y sin el consentimiento explícito de la paciente ni de su familia, por lo que se las acusa de "envenenamiento" y "complicidad de envenenamiento", delitos penados con 40 y 30 años de prisión respectivamente.
Ni la doctora Laurence Tramois, generalista de 35 años, ni la enfermera Chantal Chanel, de 40 años, se consideran militantes a favor de la eutanasia. Temblorosas y asustadas, ayer se sentaron en el banquillo de los acusados. Pero no estaban solas. Paralelamente al proceso abierto en el tribunal de la Dordogne, la opinión pública ha iniciado un juicio a la ley francesa que impide la eutanasia activa.
Contrariamente a lo que pueda parecer, la familia de la paciente fallecida no se ha presentado en la causa como acusación. Al contrario. Su testimonio es de apoyo a las acusadas. Ninguna investigación se lle-
vó a cabo a instancias de los familiares el 25 de agosto del 2003, cuando la doctora prescribió la dosis mortal que fue administrada por la enfermera. Fue la dirección del Hospital de Saint-Astier (Dordogne), donde sucedieron los hechos, la que tres semanas más tarde instó a la fiscalía a actuar a partir del testimonio de algunas enfermeras.
PRESIÓN PSICOLÓGICA
Tramois confesó inmediatamente a la policía que había actuado motu propio, bajo "presión psicológica, familiar y sentimental". La médica mantenía estrechos lazos de amistad con la paciente, Paulette Druais, de 65 años, que pese a estar en coma se mantenía "reactiva al dolor". La doctora reconoció que no había sido capaz de mantenerse dentro de su "caparazón" de médico y que, de no haber conocido a la paciente, no habría actuado como lo hizo.
La historia que ha conmovido a los franceses pone sobre la mesa la insuficiencia de la ley actual. Coincidiendo con el inicio del proceso y con la inminente campaña electoral de las presidenciales, más de 2.000 médicos y enfermeras han hecho público un manifiesto en el que se inculpan de haber ayudado a morir a enfermos terminales y reclaman la legalización de la eutanasia activa en línea con la legislación aprobada ya en otros países, como Suiza, Bélgica y Holanda.
Aprobada en abril del 2005, la denominada ley Leonetti permite aliviar el dolor del enfermo con dosis de calmantes que puedan llegar a acortar la vida. También permite detener, a petición directa del afectado o de una persona designada previamente por él, tratamientos que puedan causar la muerte del paciente, como la ayuda respiratoria o la alimentación por sonda. Pero en ningún caso acepta la eutanasia activa inyectando un producto químico con el fin de causar la muerte. El manifiesto juzga "insuficiente" la actual legislación y reclama la paralización inmediata de todos los procesos judiciales.
