Varios de los ex miembros que han testificado creen haber sido manipulados · Las últimas declaraciones incorporadas a la causa son de testigos propuestos por la defensa que niegan haber presenciado vejaciones
El juez de Instrucción 7 de la capital, que investiga desde el pasado mes de enero el caso del gurú, ya cuenta con los testimonios de una decena de personas que se han sentido víctimas de este líder espiritual, Antonio Javier Ruiz Plazas, presidente de la asociación religiosa Vaidika Pratisthana Sangha, una comunidad hinduista de la rama védica de España que tiene una academia en calle Recogidas y su templo en la denominada Casa Yoga de Armilla.
En los relatos que los distintos ex adeptos han ido realizando en el juzgado en calidad de testigos, a los que ha tenido acceso este diario, se describen situaciones que causan cierto estupor, si bien esta comunidad religiosa niega categóricamente ser una secta y afirma que todos sus miembros lo son libremente y por voluntad propia. Algunos testigos hablan de "vejaciones", de "sumisión", de "manipulación", del deseo "de dinero y poder" del imputado, de haber realizado donaciones, de pocas horas de sueño, pero al mismo tiempo la mayoría niega haber recibido malos tratos y reconoce que pudo abandonar la organización sin impedimento alguno.
Según han informado fuentes judiciales, la instrucción de este caso, que se sigue por posibles delitos de asociación ilícita y contra la integridad moral, se encuentra ya bastante avanzada. En total, nueve supuestas víctimas han prestado ya declaración judicial, si bien aún faltan por declarar otra docena de afectados, los cuales aún no han sido citados.
También han ofrecido ya sus versiones dos testigos propuestos por la defensa: una joven y un médico de la capital que acudían a las charlas y clases de yoga que imparte el grupo. Estos dos testigos han sido los últimos en declarar ante el magistrado. Lo hicieron el pasado 14 de noviembre, y prestaron unos testimonios que nada tienen que ver con los ofrecidos por otros alumnos y ex miembros. Ambos testigos negaron al juez haber presenciado conductas vejatorias hacia ningún miembro de la comunidad y aseguraron que ni se les impuso hacer donaciones ni seguir la dieta vegetariana que realizaban sus integrantes. Tampoco vieron que se tratase de "comer el coco a nadie". En cuanto a otros pormenores de la causa, las fuentes consultadas precisaron que existen al menos dos recursos de apelación pendientes de resolver por la Audiencia de Granada. Uno de ellos se interpuso contra la negativa del juez a unir a la causa un reportaje publicado en la revista Interviú sobre el gurú granadino "y sus esclavas", mientras que el otro recurso lo ha interpuesto un perjudicado a quien, según las fuentes, no se le aceptó la personación.
A estas alturas de la investigación, y una vez se resuelvan esos dos recursos, puede ocurrir que el juez considere que el material que ya obra en su poder es suficiente y dé por concluida la investigación, tras lo que podría o pasar a la fase de preparación de juicio oral o dar carpetazo al asunto si finalmente no aprecia indicios de criminalidad en la conducta del imputado.
En la causa hay tres acusaciones: la pública, que ejerce la Fiscalía de Granada; una particular, que ejerce Teresa N.L., como perjudicada y presidenta de la asociación de víctimas de swami shankaratilakananda (el gurú); y otra popular, que lleva a cabo Redune, una asociación de persecución de sectas. Por otro lado, está la defensa del gurú, que también está proponiendo multitud de testimonios favorables a su cliente. En cualquier caso, el número de partes podría crecer en las próximas semanas, pues, según agregaron las fuentes, existen "cuatro o cinco perjudicados más que quieren personarse en las diligencias".
El testimonio más impactante que figura en la causa es el prestado precisamente por la presidenta de las supuestas víctimas, Teresa. Se le tomó declaración el pasado mes de mayo, en el Juzgado de Instrucción número 6 de Colmenar Viejo, mediante exhorto judicial. La mujer, que formó parte de la comunidad, asegura que dormía "tres o cuatro horas al día", que tenían "una actividad frenética" y que el imputado sí "les obligaba" a seguir una dieta lactovegetariana. Según sus palabras, ella y otras personas tenían "contratos de esclavitud, por los que se comprometían a estar 24 horas disponibles a las necesidades del maestro". Había además -siempre según su relato- sesiones religiosas o de adoctrinamiento "que podían durar hasta 12 horas, en las que no se podían mover y debían permanecer sentados en el suelo aunque tuvieran dolores". En su caso, afirma que sufrió "malos tratos psicológicos", no físicos, pero sí "vejaciones", ya que le llamaba "inútil" o "patética". Teresa, que asegura que entregaba a la comunidad el dinero de la pensión que cobraba por invalidez, llegó incluso a montar un centro en Madrid para el imputado con el dinero que recibió de una herencia. Allí se impartían sus doctrinas y "el denunciado pasaba consultas psicológicas, practicaba masajes y acupuntura sin ninguna titulación y se denominaba médico ayurvédico (medicina india) y daba recetas de ese tipo de disciplina". Al final, ella abandonó la comunidad y cerró el centro porque no podía seguir pagando tanto dinero. Pero en el grupo estuvo 14 años, durante los que dice que vivió en una situación "de terror y angustia". Afirma que el imputado "la violó a ella y a las demás mujeres", así como a su "hija".
La Casa Yoga, en Armilla, es el templo de la comunidad que lidera el granadino.
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