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El juez ve “vagas” las pruebas contra el líder islámico de Vilanova pendiente de expulsión

“La ideología de cada individuo, por muy radical que sea, no puede considerarse en si misma como un riesgo para la seguridad nacional”, dice el auto que denegó ingresar en un CIE al detenido Amarrouch Azbir

El juez de primera instancia número 5 de Vilanova i la Geltrú tacha de “vagas y genéricas” las pruebas contra el líder islámico local Amarrouch Azbir. La Policía le considera un peligro para la seguridad nacional y el Ministerio del Interior ha firmado su expulsión de España. Sin embargo, el magistrado cree que los informes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional carecen de consistencia. “La ideología de cada individuo, por muy radical que sea, no puede considerarse en sí misma como un riesgo para la seguridad nacional”, dice el auto al que ha tenido acceso El Confidencial.

Azbir fue detenido en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) la semana pasada, el mismo día que otro líder de la comunidad musulmana llamado Mohamed Said Badaoui, detenido en Reus (Tarragona), su lugar de residencia. Estas detenciones provocaron el malestar entre el independentismo, especialmente de ERC, que les considera activistas de prestigio. Las fuerzas soberanistas y los ‘comuns’ impulsaron una declaración en el Parlament que acusa de “islamofobia” al Estado español. El Departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska dictó en septiembre sendas expulsiones por un tiempo de diez años. La Audiencia Nacional ha avalado estas deportaciones, pero la decisión está pendiente de recurso.

Interior podría haber activado la expulsión inmediata, pero no lo ha hecho. Fuentes de ERC afirman haber realizado gestiones directas con el ministro, pero el Ministerio niega tajantemente este extremo. Lo que dice el auto del juez de Vilanova es que la propia Policía aceptó que Amarrouch Azbir esperase en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) –por un plazo máximo de 60 días– mientras se resuelve su recurso “para no causarle indefensión y respetar sus garantías procesales”. Sin embargo, el juez ni siquiera ha considerado necesario este internamiento y le ha dejado en libertad provisional porque no comparte la sensación de riesgo que contienen los informes policiales.

22 años en España

El magistrado insiste en su resolución que no quiere entrar en el fondo de la cuestión porque eso es competencia de la Audiencia Nacional, pero sí analiza las conclusiones policiales para argumentar su postura en contra de internar el detenido en un CIE. Azbi lleva 22 años residiendo en España, ejerce de barrendero desde hace dos décadas, está casado y tiene tres hijos menores nacidos en Cataluña. Cuenta con una casa en propiedad y un terreno rústico. “Su arraigo personal, familiar, social y laboral resulta manifiestamente indiscutible”, indica el juez.

“Las pruebas no son solo vagas y genéricas, sino que también alejadas en el tiempo”

La Policía le señala como “segundo imán colaborador activo” de la mezquita Al-Forkam de Vilanova, “una de las más radicales en sus postulados”. Dice que tuvo contacto con una célula terrorista desarticulada en 2005 en el marco de la ‘operación Chacal’. Le describe como una persona “embaucadora y manipuladora” capaz de recaudar grandes cantidades de dinero y propiedades de origen desconocido para los huérfanos de zonas en conflicto como Palestina, Siria e Irak. Destacan que sigue en las redes sociales a perfiles yihadistas de Daesh o los Hermanos Musulmanes y que defiende postulados extremistas como que “las mujeres que no van tapadas son prostitutas”.

Los expertos antiyihadistas recalcan que Azbir rechaza las costumbres españolas, se niega a condenar los atentados yihadistas, participó en congresos salafistas en Torredembarra y Reus y es “un individuo radicalizador de su comunidad”. Todos estos elementos han hecho que le acusen de incumplir el artículo 54.1-a) de la Ley de Extranjería, que permite su expulsión de España. Pero el juez de la Vilanova i la Geltrú ve los indicios inconsistentes: “No son, a mi juicio, en modo alguno suficientes para justificar el riesgo para la seguridad nacional como causa que haga necesario adoptar el internamiento en un CIE”.

“Tales conclusiones del oficio policial –añade– no son solo vagas y genéricas, sino que también alejadas en el tiempo y, además, denotan una falta de elementos contundentes o de entidad y gravedad para hacer un juicio de peligrosidad”. El auto indica que la Policía no ha aportado pruebas de que el detenido participe o financie actividades yihadistas. Tampoco que haga apología de la violencia, incite al odio o que sus actividades tengan influencia sobre terceras personas. El magistrado alude a resoluciones de los tribunales europeos sobre libertad de expresión. “No se detalla lo más mínimo cuáles son los postulados salafistas como lo que expresa ante otras personas, en qué contexto se producen tales expresiones”.

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El detenido Said Badaoui posa en el Congreso junto a Rufián o en una sede del PSC con Iceta.

El juez admite que los policías no puedan revelar excesivos detalles de sus fuentes o sus investigaciones, pero replica que “resulta exigible un mínimo de concreción” y “pasar de vaguedades y generalidades a ofrecer circunstancias al menos un poco más concretas y detalladas”. Contesta que el detenido ha negado ser el segundo imán de la mezquita, sino el presidente de la comunidad religiosa del centro sin formación coránica. Sus funciones tienen que ver con velar por el buen estado y el mantenimiento del lugar de oración. El auto destaca también que todos los investigados de la mezquita de Vilanova por su relación con la ‘operación Chacal’ resultaron absueltos.

Se detiene el auto también en analizar la acusación por la recaudación de fondos. En la misma línea dice que la Policía no ha aportado ningún dato sobre el uso indebido de ese dinero. “Que no se integre en las costumbres de nuestra sociedad, pretenda que las mujeres vayan totalmente cubiertas o sea contrario a que haya parejas entre españoles y musulmanes, por mucho que sean ideas que puedan no compartirse, no denotan en sí mismas un riesgo para la seguridad nacional”, concluye.

El otro detenido, Mohamed Said Badaoui, pasó el viernes ante un juez de Reus, que sí acordó su traslado a un CIE. Fuentes jurídicas consultadas afirman que su auto es muy diferente y se muestra en términos similares a la Audiencia Nacional. En su caso se abre ahora un plazo de 60 días como máximo para hacer efectiva su entrega desde el centro de internamiento. Fuentes de la asociación que preside, la Asociació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana (Adedcom), confían en que los recursos logren frenar su deportación.

El juez de primera instancia número 5 de Vilanova i la Geltrú tacha de “vagas y genéricas” las pruebas contra el líder islámico local Amarrouch Azbir. La Policía le considera un peligro para la seguridad nacional y el Ministerio del Interior ha firmado su expulsión de España. Sin embargo, el magistrado cree que los informes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional carecen de consistencia. “La ideología de cada individuo, por muy radical que sea, no puede considerarse en sí misma como un riesgo para la seguridad nacional”, dice el auto al que ha tenido acceso El Confidencial.

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