La cruzada contra Educación para la Ciudadanía por parte del PP, la Conferencia Episcopal Española y otros sectores conservadores se reaviva.
¿Motivo? En los próximos días casi 900.000 alumnos de secundaria de las comunidades gobernadas por el partido que lidera Mariano Rajoy deberán comenzar a estudiar esta materia, que ya estrenaron el año pasado 200.000 alumnos de siete comunidades, y que a partir de este curso se implanta en toda España. Los promotores del boicot aseguraron ayer que cuentan con 44.500 objeciones y 400 recursos ante los tribunales en un balance exultante, azuzado por el respaldo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el propio Rajoy.
El desafío a la ley está encabezada por los ejecutivos valenciano y madrileño, que proponen como alternativa a la asignatura trabajos educativos o tareas de voluntariado. En otras comunidades gobernadas por los populares simplemente se propugna la objección y el absentismo o se han eliminado contenidos mínimos como el rechazo a la homofobia o la valoración crítica de los prejuicios sexistas. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunció ayer que convocará a los consejeros de Educación de su partido para unificar criterios contra esta materia que, según Rajoy, "no tiene ninguna utilidad y supone un adoctrinamiento".
RESPETO A LA LEY La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, anunció ayer que recurrirá al Tribunal Supremo la normativa anunciada por Aguirre, como ha hecho en otras cuatro comunidades, y recordó que quien no curse la materia no podrá obtener su título escolar. "No creo ques debamos lanzar órdagos políticos cuando estamos hablando de educación. Enseñar a respetar la ley es el primer principio que debe cumplir cualquier político", recordó Cabrera.
Hasta la fecha se han producido cuatro sentencias a favor de la objección y otras tantas en contra. El punto final deberá ponerlo el Tribunal Supremo. Con todo, a pesar de que el año pasado se declararon objetores 15.000 alumnos, según datos oficiales solo 50 faltaron a clase en las comunidades donde se implantó (Extremadura, Aragón, Cantabria, Asturias, Navarra y Catalunya). En las dos últimas, ninguno.
