No es el celibato ni las creencias, sino la estructura de poder la que fomenta el encubrimiento de los abusos sexuales
Los escándalos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica han rescatado el debate sobre el celibato obligatorio de los sacerdotes. Es fácil y simple establecer el vínculo: un cura con sus pulsiones sexuales reprimidas es un pederasta en potencia. Es una ecuación, en efecto, simplona y carente de base porque no hay datos que demuestren que el abuso sexual en los establecimientos religiosos sean más frecuentes proporcionalmente que en otros estamentos. Es verdad que los casos conmocionan con mayor intensidad porque indigna que aquellos en los que la gente confió la educación moral de sus hijos les traicionen de tal manera y perviertan a su vez sus propias convicciones.
Lo que llama a escándalo, además de los abusos en sí, es la omertá que tradicionalmente ha impuesto el clero a los abusos. El silencio cómplice de la Iglesia católica es su gran tacha, el imperdonable pecado que debe resolver de manera inmediata si pretende sobrevivir a largo plazo. De las dificultades para atajar el problema hablan las modestas iniciativas de la jerarquía católica para conseguirlo. Porque el propósito de la enmienda exige a esta institución una reforma profunda de sus estructuras de la que saldría muy mal parada justamente esa jerarquía eclesiástica.
Todo abuso sexual es un abuso de poder. Y de poder la Iglesia católica sabe demasiado. Tras veinte siglos de existencia, esta institución se ha erigido en autoridad moral, judicial e incluso política de millones de personas. Ha establecido una estructura piramidal cuyo “emperador” es infalible, una estrambótica potestad de la que participan, en cierta medida, todos sus virreyes. Nuncios, cardenales, arzobispos y obispos, que suelen vivir en palacetes, citan a Dios muy a menudo, como si este hablara por sus bocas. La maquinaria es misógina, dogmática, desigual e injusta. Relega a las mujeres a papeles de servidumbre y siempre secundarios bajo la excusa inapelable de principios teológicos. La connivencia con el poder civil es extremo hasta el punto de disfrutar en muchos países de privilegios sociales y económicos que no obtiene ninguna otra organización religiosa o humanitaria. Es una estructura, en definitiva, que fomenta ese encubrimiento sistemático que tanto daño ha hecho a sus víctimas.
La autoridad moral de esta institución está en entredicho. El problema no tiene nada que ver con la religión y las creencias. Es resultado de una obra muy humana y muy imperfecta que se adapta extremadamente mal a las democracias contemporáneas y a los valores éticos, políticos y jurídicos de las sociedades modernas.
El Papa Francisco, que ha resultado ser un pontífice con mucha labia y no tanta resolución, ha convocado a Roma para febrero próximo a la cúpula eclesial para hablar de los abusos. Acudirán 113 arzobispos o cardenales con sus vistosos hábitos. Es de suponer que, como ocurre en los cónclaves, una legión de monjas se encargará de atender las necesidades más básicas de estos jerarcas. Y será inevitable sospechar que con tal formato la reunión será un brindis al sol; un caro espectáculo sabroso para los medios y escaso en resultados.
Gabriela Cañas
