El ideologismo no confesado en el intento de contrarreforma educacional en Chile

La gira propagandística llevada a cabo durante el verano por la ministra de educación Marcela Cubillos, promoviendo la iniciativa denominada Admisión Justa, deja una gran cantidad de interrogantes.

La primera de ella es respecto a la verdadera razón que motiva esta campaña, en la que se enfatiza la realidad de un sector minoritario de niños (alrededor del 10%) que el año anterior no quedara en los colegios que, como primera prioridad, interesaban a sus padres. En efecto, la modalidad establecida en el actual Sistema de Admisión Escolar (SAE), parte importante de la reforma educacional impulsada por la expresidenta Bachelet, busca impedir que sean los sostenedores de los respectivos establecimientos quienes “seleccionen” a los alumnos bajo criterios excluyentes, propiciando el ingreso en virtud de un procedimiento aleatorio — algoritmo de asignación con múltiples variables— que permita una mayor inclusión, otorgando así, a las familias más vulnerables, mayores posibilidades de que sus hijos puedan ingresar al colegio de su preferencia.

El número de niños “afectados” por la ley no parece justificar esta dedicación ministerial tan personal como publicitada, buscando exhaustivamente en cada comuna casos particulares de apoderados que se manifiestan disconformes con el sistema; para corregir desajustes en la ley habría bastado un proyecto orientado al punto específico de criterios de admisión —como en los casos de discapacidad o de hermanos no consanguíneos—, sin embargo el proyecto de ley que promueve la ministra apunta fundamentalmente a devolver a los colegios la facultad de elegir.

Así, el proyecto Admisión Justa no sólo desconoce el mérito de niños y familias cuyo empeño no queda plasmado en los resultados escolares, sino que, además, les corta de raíz toda posibilidad de alcanzar una similitud de oportunidades junto a otros que han vivido un clima sociocultural diferente. Una idea que se fue arraigando paulatinamente en nuestra sociedad, que desestima lo constructivo de la diversidad de la educación pública del país en el siglo XX, es que los establecimientos deben ser tan homogéneos como puedan, no sólo en cuanto capital cultural del alumnado, sino en su proveniencia residencial y social, en su fe religiosa y en una determinada concepción del hombre y la sociedad.

El discurso del gobierno en ningún momento reconoce que el proceso de selección iniciado en todo el país, a excepción de la Región Metropolitana, haya sido respaldado por profesores y expertos del ministerio respectivo, habiendo consenso en que reduce la segregación espacial (desigual distribución de los grupos sociales en los diversos establecimientos), encaminándose hacia una educación más inclusiva y con menor desigualdad. Por esta razón, el lobby desplegado por la ministra más parece un “caballo de batalla”, que no trasparenta las reales motivaciones del gobierno para echar por tierra una política pública que, en su momento, fuera ampliamente discutida en el Congreso, y que ni siquiera se halla en pleno régimen.

Cuando la ministra habla de “meritocracia” como concepto fundamental para la prioridad en el ingreso, está manifestando que “los mejores” tienen el derecho de ir a los mejores colegios. Definir quiénes son los mejores se tropieza con la polisemia del término, de manera que, alineada con la ideología neoliberal, para la ministra los mejores serían los que demuestran mayor rendimiento, acreditado a través de notas y pruebas, es decir los “triunfadores” dentro de la carrera formativa-escolar. No cabe en ese análisis el mérito de niños que postulan, provenientes de hogares cuyos padres están ausentes o carecen de la más mínima formación, que viven en barrios peligrosos, que jamás tuvieron en sus manos un libro ni escucharon una conversación motivadora y que no obstante se esfuerzan y tratan de aprovechar los insuficientes conocimientos impartidos en una escuela municipalizada de algún sector pobre del país.

Así, el proyecto Admisión Justa no sólo desconoce el mérito de niños y familias cuyo empeño no queda plasmado en los resultados escolares, sino que, además, les corta de raíz toda posibilidad de alcanzar una similitud de oportunidades junto a otros que han vivido un clima sociocultural diferente. Una idea que se fue arraigando paulatinamente en nuestra sociedad, que desestima lo constructivo de la diversidad de la educación pública del país en el siglo XX, es que los establecimientos deben ser tan homogéneos como puedan, no sólo en cuanto capital cultural del alumnado, sino en su proveniencia residencial y social, en su fe religiosa y en una determinada concepción del hombre y la sociedad.

De acuerdo a esa directriz, no es difícil de inferir que el intento del gobierno por desmantelar la ley de inclusión alcanzada en el gobierno anterior, conlleva un propósito de restituir la selección escolar en los establecimientos, abierta a la discriminación tanto económica como religiosa. La prohibición en ambos aspectos fue fuertemente resistida durante la tramitación de la ley, años 2014 y 2015, por la Conferencia Episcopal, por CONACEP (agrupación de colegios particulares) y CONFEPA (confederación de padres de colegios particulares subvencionados), además de los medios de prensa escrita más influyentes del país. Como la discriminación en cualquier circunstancia es difícil de defender, la crítica se enfocaba en el alto costo financiero de un proyecto que se centraba en “temas subalternos”, como la segregación y la eliminación del lucro, sin que existieran propuestas concretas para el mejoramiento de la calidad educativa y pedagógica. Hoy, Admisión Justa transita por el mismo camino, sólo que en sentido contrario, sin que ninguno de los antiguos detractores pregunte: Y la calidad de la educación, ¿cuándo?

Restituir la facultad de seleccionar a los alumnos que buscan ingresar a colegios privados con financiamiento fiscal constituye un enorme retroceso, permitiendo que se vuelva a “descremar” entre lo académicamente superior, o a escoger según el ingreso familiar o conforme a la filiación religiosa de los postulantes y sus familias. Porque, reitero, a diferencia de lo que señalaba el presidente Piñera en un tuit promocional, “devolver a padres derecho a elegir educación de sus hijos”, a quienes se pretende en realidad devolver el derecho a elegir es a los colegios. La ley de inclusión que se intenta ahora modificar, busca precisamente “eliminar todas las formas de discriminación arbitraria…”, cuestión que contradice la voluntad de normalizar el alumnado en torno a la exigencia de acatamiento de los padres a un determinado proyecto educacional institucional (PEI).

El PEI, una suerte de declaración de principios con que cada colegio intenta definir su identidad, el marco valórico que ofrece y la cosmovisión que inspira su propuesta pedagógica, surge de los colegios católicos, en un intento de diferenciación respecto a la educación laica, destacando la inculcación de principios como la disciplina y la moral. Posteriormente el concepto ha sido asumido prácticamente por la totalidad del sistema educacional. Admisión Justa también apuesta al fortalecimiento de estos proyectos educativos, que gozan de amplia autonomía, en coherencia con la concepción ideológica de sectores que han demostrado tener un enorme poder en el ámbito de la educación, utilizándolos como un recurso de identificación entre determinados grupos sociales y la concepción educativa de cada establecimiento en particular.

Se aprovechan de esta manera verdaderos “nichos de mercado”, en interés de los cuales los proyectos educativos con mayores recursos compiten para entregar ofertas atractivas — colegios de alto rendimiento o enseñanza de idiomas, por ejemplo—, además de la promesa de “contactos” útiles para un futuro laboral, lo que garantiza una alta demanda de familias, que, al existir el derecho a seleccionar, permite a aquellos colegios recibir sólo a quienes se muestran más identificados con su ideario. Así, lejos de que la escuela sea una institución formadora en valores, cimentada en las diversidades de todo tipo que se encuentran en la sociedad, permitiendo desarrollar una identidad ciudadana más allá de las peculiaridades de cada individuo, lo que se valora es que niños y jóvenes puedan educarse con otros exclusivamente de su mismo nivel socioeconómico. Y los colegios católicos agregan a ello la exigencia de pertenecer a “familias bien constituidas” y el fiel cumplimiento de los preceptos de la Iglesia.

Las iglesias cristianas son esencialmente suspicaces del libre albedrío de las personas para discernir el bien del mal, se manifiestan reticentes ante los buenos propósitos del humanismo laico, y en definitiva llegan a descalificar la validez de la bondad humana fuera de la religión. No debe extrañar entonces que en esa mirada, que en gran medida hace suya la élite del país, se confíe más en el sacerdote —o religiosa— y en una moral conservadora, que en el maestro y su discurso humanista, con una proyección ética científica y filosófica.

La enseñanza religiosa que imparten los colegios subvencionados sostenidos por iglesias u órdenes religiosas —dejamos fuera de este análisis a la educación particular pagada, por que no demanda financiamiento público—, no tiene un carácter cultural acorde con la enseñanza fundamental que debe recibir todo individuo para entender el proceso civilizatorio de la especie humana. Cuando la religión es tratada a nivel de catecismo en la escuela, establece dogmáticamente la noción de “lo bueno y lo malo”, buscando depositar en el educando normas de comportamiento para toda la vida y la profundización de su fe. Pero, además, instala en la comprensión de niños y jóvenes el concepto de “lo sagrado” como parte de la realidad objetiva con que deben construir su concepción del mundo, distorsionando la realidad y coartando su racionalidad científica.

¿Por qué entonces se extiende socialmente el prejuicio en contra de la enseñanza laica que es deber del Estado, que no instruye dogmas y que, por el contrario, cultiva valores humanistas y universales, en el marco del respeto a los derechos humanos? Además de las “razones funcionales” anteriormente señaladas (la expectativa de encontrar en la educación privada —religiosa o no— una enseñanza de mejor calidad, ambiente ordenado sin paros ni desórdenes, homogeneidad socioeconómica, etc.), en un país de raigambre católica tan honda como el nuestro, no deja de influir la doctrina ancestralmente propugnada por la Iglesia, reiterada para los tiempos actuales por la encíclica “Salvados en la esperanza” de Benedicto XVI, año 2007, que deja sin opción ni destino de orden trascendente al hombre cuando no está inmerso en la fe.

Por decenios la Iglesia católica se opuso a que se impartiera educación sexual, no sólo en los colegios bajo su administración, sino en todo el sistema escolar. Permanentemente se ha negado el derecho de las minorías, se ha condenado el divorcio, el aborto, el derecho a la libertad sexual entre adultos.

En concordancia con eso, las iglesias cristianas son esencialmente suspicaces del libre albedrío de las personas para discernir el bien del mal, se manifiestan reticentes ante los buenos propósitos del humanismo laico, y en definitiva llegan a descalificar la validez de la bondad humana fuera de la religión. No debe extrañar entonces que en esa mirada, que en gran medida hace suya la élite del país, se confíe más en el sacerdote —o religiosa— y en una moral conservadora, que en el maestro y su discurso humanista, con una proyección ética científica y filosófica.

Posiblemente esto explique también porqué son tan pocos, incluso entre quienes se autodefinen ajenos a cualquier denominación religiosa —en Chile es casi uno de cada cuatro habitantes, según el estudio de opinión pública de CEP, año 2018—, los que manifiestan su desacuerdo con que el país subvencione con recursos fiscales proyectos de educación privada con el sello de una creencia religiosa exclusiva, desconociendo la alteridad presente en la sociedad que los financia.

Las diferencias culturales que cultivan determinados establecimientos que asientan su misión en la formación religiosa tradicional, muchas veces derivan en prácticas de intolerancia, discriminaciones, insensibilidad social y concepciones ideológicas funcionales al modelo neoliberal. La visión unilateral del comportamiento humano impuesta por el dogma cristiano, introduce concepciones contrarias a la equidad de género y anatematizan el ejercicio de la sexualidad como derecho humano. Por decenios la Iglesia católica se opuso a que se impartiera educación sexual, no sólo en los colegios bajo su administración, sino en todo el sistema escolar. Permanentemente se ha negado el derecho de las minorías, se ha condenado el divorcio, el aborto, el derecho a la libertad sexual entre adultos.

De la misma manera como el poder público, tanto a nivel nacional como comunal, está obligado a mantener la neutralidad ideológica y religiosa en su gestión, una educación financiada por el Estado debería resguardar esa misma exigencia. Por lo tanto, el Estado no debería sustraerse del rol democratizador de la educación que jugó desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el colapso democrático de 1973. Una visión republicana de la educación obliga a que esta reproduzca en el ámbito escolar el pluralismo cultural, ideológico y religioso que se manifiesta en la sociedad. Lo inaceptable es que, pese a funcionar con fondos del Estado, estos colegios se muestran reacios a asumir políticas públicas cuando discrepan de ellas por razones económicas o religiosas.

La discusión sobre las distintas visiones respecto a la educación presentes en la sociedad civil se reactiva, a partir de ahora, con el primer trámite de la iniciativa en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Se trata de un tema que por su trascendencia estratégica seguirá suscitando un amplio debate relacionado con los fines y características de nuestro sistema educacional que, cabe esperar, más allá de la agenda del gobierno, se constituya en oportunidad para que la educación refleje y respete el pluralismo y la diversidad que caracterizan al país.

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