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El Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal presenta una moción sobre el patrimonio histórico

El Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, a instancia del senador Carles Mulet, nos comunica la moción sobre el patrimonio histórico a raíz del documento aportado por el Gobierno sobre el estado de las inmatriculaciones de la iglesia católica.

A LA MESA DEL SENADO

EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCIA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), a instancia del senador Carles Mulet (Compromís) y de acuerdo con lo que establecen los artículos 174 y 175 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación en la Comisión que corresponda, de la siguiente Moción sobre el patrimonio histórico público del Estado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reciente publicación del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015, como consecuencia de un desaguisado jurídico que ha permitido de forma viciada, el registro de inmatriculaciones  a nombre de la iglesia católica de una gran parte del  patrimonio histórico de raíz religioso, ha ido acompañado de un confuso informe gubernamental en el que parece sancionar el expolio cometido por la Iglesia católica y se lava las manos al consentir el expolio de  bienes de patrimonio histórico. España tiene un carácter aconfesional. 

Una ley franquista de 1946 le otorgó a la Iglesia el privilegio de hacerlo con la mera firma de un obispo, que actuaba como un notario sin necesidad de más documentación. La reforma de Aznar de 1998 extendió esta posibilidad a los lugares de culto sin mayor control. Cementerios, pisos, huertos, parroquias, catedrales y otro tipo de propiedades que hasta ese momento pertenecían al pueblo o a particulares han pasado a incrementar el patrimonio inmobiliario de la Iglesia mediante procedimientos opacos que eran desconocidos por particulares y administraciones públicas burlando el control registral. Algunos de estos bienes están catalogados como parte del Patrimonio Histórico español o protegidos por las leyes autonómicas de patrimonio histórico. Incluso, caso de la Mezquita de Córdoba, cuenta con bienes declarados Patrimonio de la Humanidad.

La reforma de la Ley Hipotecaria de 2015 puso fin a este privilegio que pervivía en un estado aconfesional y que había sido abiertamente cuestionado por expertos en Derecho al perjudicar los bienes de dominio público.

Entre estos bienes inscritos -sin títulos de adquisición- figuran la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Zaragoza, la de Valladolid, la del Buen Pastor de Donostia, la Giralda de Sevilla o la catedral de Burgos por citar algunos. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció durante el debate de investidura, el 4 de enero de 2020, que realizaría las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la «recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia» a través de certificaciones eclesiásticas.

Con el fin de actuar de forma urgente y resolver este expolio del patrimonio histórico, presentamos la siguiente

MOCIÓN
  1. La Comisión correspondiente, insta al gobierno central para que, de forma urgente, tramite una reforma de la Ley de Patrimonio Histórico español en la que establezca un capitulo especifico que aborde el patrimonio histórico de raíz religioso, afectando estos bienes de dominio publico al patrimonio de la Administración, dando así respuesta a esta situación que no estaba prevista en la Ley de 1985.
  2. En tanto en cuanto no se produzca lo anterior, instar que de forma inminente, el Ministro de Cultura, custodio del inventario de bienes de patrimonio histórico y culturales, proceda a reclamar la afectación explicita al dominio público de todos los bienes que, estando en ese inventario, lo estén también en el listado publicado por el Gobierno, independientemente que estos estén o no en el Inventario de Patrimonio del Estado.
  3. La Comisión correspondiente, insta al Gobierno para que emprenda las medidas que sean necesarias de carácter judicial o legal para consolidar la nulidad de las inmatriculaciones practicadas, ya que la mayoría de los bienes del listado publicado son bienes de patrimonio histórico de raíz religiosa que han sido considerados históricamente como bienes de dominio público y, por tanto, imprescriptibles. 
  4. La Comisión correspondiente, insta al Gobierno a plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Hipotecaria.

Coste económico: En consonancia con las medidas presupuestarias que sean aplicadas por parte del Gobierno.

Palacio del Senado, 24 de febrero de 2021

Puedes descargar la moción aquí:

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