MOCIÓN AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA EN RELACIÓN CON LOS BIENES INMATRICULADOS POR LA IGLESIA CATÓLICA EN LOS MUNICIPIOS ALTOARAGONESES
Luis Arduña Lapetra, Portavoz de Cambiar en la Diputación Provincial de Huesca, al amparo de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 7/1999, de 4 de Abril, de Administración Local de Aragón, presenta para su debate y votación en el Pleno de la Diputación de Huesca la siguiente moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según los datos aún provisionales obtenidos por el Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón, la Iglesia Católica inmatriculó 2023 bienes de diversa índole en todo el territorio aragonés durante el período 1998-2015, desconociéndose cuántos lo fueron durante el período 1978-1998.
Esta actividad registradora de la Iglesia, desplegada merced al privilegio que se introdujo en la Ley Hipotecaria por parte del Gobierno de la Nación, presidido entonces por el Sr. Aznar, ha producido situaciones absolutamente inaceptables, que han provocado un gran rechazo entre los habitantes de muchos pueblos al comprobar cómo bienes inmuebles que tradicionalmente eran de la comunidad han pasado a engrosar el ya de por sí nutrido patrimonio eclesiástico, con las consecuencias derivadas de ello, que van desde las fiscales – pues la Iglesia Católica está exenta del pago del IBI por la mayor parte de sus bienes – como las de utilización o disposición para el común de esos bienes.
Casas que habían sido construidas por el pueblo para el cura, huertos cedidos para el uso de este, campos, ermitas de advocación popular edificadas y mantenidas por el vecindario, terrenos rústicos y urbanos de diversa índole que se ponían a disposición del párroco… han dejado de ser propiedad de los vecinos para convertirse en bienes de la Iglesia Católica con la sola firma del obispo de la diócesis correspondiente, provocando el natural malestar y enfado de los legítimos propietarios.
En nuestra provincia, la lucha por el patrimonio artístico e histórico de los pequeños municipios ha sido siempre apoyada por la Diputación Provincial, política que debe mantenerse con independencia de quién sea el usurpador que se apropia del bien. Y no es posible mantenerse al margen cuando, además, los plazos legales para poder impugnar esas inscripciones corren en contra de los intereses del pueblo.
La prohibición dictada recientemente por el párroco de Bolea impidiendo la celebración de un concierto en La Colegiata, noticia que ha ocupado un importante espacio en los medios de comunicación provinciales y aragoneses, pone de manifiesto que la Iglesia ejerce su recién adquirida propiedad para impedir que los legítimos dueños dispongan y disfruten de los bienes que siempre les han pertenecido y que, para mayor agravio, han sido restaurados y rehabilitados con dinero público.
Por todo ello, el Grupo Provincial Mixto presenta para su debate los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- La Diputación Provincial de Huesca manifiesta su absoluto rechazo al aprovechamiento patrimonial que ha llevado a cabo la Iglesia Católica merced al inaceptable privilegio contenido en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que le ha permitido, con la sola firma del obispo de la diócesis, apropiarse de gran cantidad de bienes que siempre habían pertenecido, aunque no estuvieran inscritos, a la comunidad vecinal, y no solamente fincas destinadas a iglesia o lugares de culto, sino que también viviendas, casas abadía, ermitas de advocación popular, campos, huertos y terrenos ubicados tanto en parajes rústicos como urbanos.
Segundo.- La Diputación Provincial de Huesca facilitará a los municipios que lo soliciten el acceso a los servicios de asistencia técnica jurídica de la misma con el fin de proceder a la impugnación de las inscripciones realizadas de esta forma y recobrar, en consecuencia, la propiedad colectiva de esos bienes que tradicionalmente han pertenecido a la comunidad vecinal y que ha sido la que, con su esfuerzo económico, mantenimiento y cuidado a lo largo del tiempo, ha logrado la pervivencia de los mismos.
Tercero.- La Diputación Provincial de Huesca lamenta la política restrictiva que la Iglesia Católica está aplicando en relación con la celebración de actos culturales en edificios vinculados al culto, especialmente censurable cuando dichos bienes han sido rehabilitados o restaurados con dinero público con el fin de preservar su valor patrimonial y en su condición de lugar de encuentro permitir su disfrute para toda la población.
