La irrupción en la prensa de varias denuncias de víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católico llevó al Gobierno central a poner en marcha una Unidad de Atención a las Víctimas (UAV) liderada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
El PSOE prefirió impulsar este equipo de trabajo en vez de poner en marcha una comisión de investigación al uso en el Congreso de los Diputados y la Conferencia Episcopal en un primer momento se mostró receptiva a cooperar en este proyecto que salió adelante con el único voto contrario de Vox.
Pero, tal y como explicó Gabilondo, «tras diversas conversaciones la Iglesia desestimó formar parte, señalando que eso no significa que dejaría de colaborar siempre dentro de la ley, una expresión que siendo innecesaria parece indicar límites en esa colaboración. Me han ido llevando a la orilla del río para acabar diciéndome que no iban a participar».
La presión social, y los vientos progresistas procedentes de El Vaticano bajo el pontificado del Papa Francisco, finalmente llevaron a la Conferencia Episcopal a diseñar su propia agenda sobre el asunto bajo el liderazgo de su presidente, Juan José Omella.
La medida eclesial más visible ha sido la puesta en marcha de una página web (Paradarluz.com) en el que la Conferencia Episcopal pretende recabar testimonios de abusos sexuales después de que en los últimos cuatro años se hayan producido alrededor de 1.500 denuncias.
Omella asegura que es «mucho» lo que han hecho «y en esta página web puede verse; pero no es suficiente». «Nunca lo es frente al sufrimiento. Por eso abrimos este espacio virtual en el que toda la sociedad podrá conocer las decisiones tomadas y las que estamos dispuestos a tomar. La lacra que son los abusos a menores es una lacra que no distingue. Nos duele a todos y por eso, nos afecta a todos», añade.
Desde La Moncloa dudan del compromiso de la Conferencia Episcopal y tildan de «maquillaje» las medidas como la de la citada puesta en marcha de una ventanilla digital de denuncias.
SATISFACCIÓN EN LA UAV
El Defensor del Pueblo aseguró el mes pasado que atendió a 201 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, en los dos primeros meses de trabajo de la Unidad de Atención a las Víctimas (UAV).
Gabilondo aseguró que estaban «satisfechos con el ritmo de llegada de los testimonios y con la cantidad de víctimas que se han dirigido a nosotros, pero lo que realmente nos importa y preocupa, más que el número, es escuchar a las víctimas y hacerlo con respeto, con seriedad, con discreción y con confidencialidad. Las víctimas que decidan contactar con nosotros pueden contar con ello. Y, a partir de ahí, elaborar un informe con consideraciones, propuestas y sugerencias que será trasladado al Congreso».
LA IGLESIA TAMPOCO PARTICIPA EN UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN NAVARRA
Las comisiones políticas de investigación gustan a la Iglesia incluso menos que un modelo mixto de la UAV, que cuenta con dirigentes políticos y agentes sociales. En Navarra, tierra pionera en este tipo de denuncias, se constituyó hace unos días la Comisión de Abusos Sexuales en el seno de la Iglesia católica ha quedado constituida esta mañana en el Palacio de Navarra con la presencia del consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno foral Eduardo Santos, de Podemos.
A Santos le acompañaron los siete miembros que van a formar parte de ella, en concreto, dos personas elegidas por el Parlamento de Navarra, dos personas designadas por el propio Gobierno, dos representantes elegidos por las asociaciones navarras de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia y la responsable de la Oficina de Atención a Víctimas del Delito del Ejecutivo foral.
En la Comisión el historiador Mikel Lizarraga y el psicólogo Josean Echauri, ambos elegidos por los representantes de las asociaciones de víctimas de abusos, la historiadora Esther Aldave y la criminóloga Ana Carmona, que han sido propuestas por el Parlamento de Navarra, y la docente Camino Bueno y el experto en derechos humanos Mikel Córdoba, a propuesta del Gobierno, junto a Izaskun Gartzaron, responsable de la Oficina de Atención a Víctimas del Delito del Ejecutivo foral.
Santos asegura que la comisión «está basada en amplia jurisprudencia tanto en materia de derecho internacional como de derechos humanos«. «En ningún momento tendrá carácter punitivo, ya que la inmensa mayoría de los casos han prescrito, y se basa en los conceptos de memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición. El reconocimiento a las víctimas se basa en estos preceptos elementales», añadió.