La extinción de la Fundación Franco, la enseñanza de la represión franquista en las escuelas y el banco de ADN para fusilados dependen del Ejecutivo que salga de las urnas el 23-J
El adelanto electoral al próximo 23 de julio y la posibilidad de un cambio de Gobierno inquieta a las víctimas del franquismo, que temen que, como ya ocurrió bajo el mandato de Mariano Rajoy, las políticas de memoria vuelvan a meterse en un cajón. Eso fue, de hecho, lo que pidió el entonces ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que no hiciera el Ejecutivo del PP cuando, en noviembre de 2011, con el Gobierno socialista ya en funciones tras haber perdido el PSOE las elecciones generales de aquel año, presentó el plan del comité de expertos para la democratización del Valle de los Caídos. Aquel ruego cayó en saco roto, pero los familiares de los represaliados lo tienen muy presente. Un parón en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática sería todavía más dañino ahora por la avanzada edad de la mayoría de las víctimas del franquismo. Feijóo ha asegurado que la derogará si llega al poder y ha criticado todas las actuaciones en el Valle de Cuelgamuros hasta ahora. Mientras que su eventual socio, Vox, es especialmente beligerante contra la norma, que recurrió ante el Tribunal Constitucional por considerar que intenta “condicionar la libertad de pensamiento, de conciencia, de cátedra y de fundación”. Estas son las tareas pendientes.
