La Generalitat ofrece dos fórmulas para que los objetores eviten la evaluación de la asignatura
El Ministerio de Educación recurrirá en los tribunales la "ocurrencia" de la Generalitat Valenciana de que Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos pueda aprobarse con un trabajo trimestral. La secretaria de Estado de Educación, Eva Alumnia, argumentó que se trata de una asignatura obligatoria "sin alternativa posible", como considera que establece la Comunidad Valenciana.
El conseller valenciano, Alejandro Font de Mora, presentó ayer la orden que desarrolla esta asignatura, que comenzará a cursarse el próximo curso en la región en 2º de Educación Secundaria Obligatoria. Como ya adelantó en septiembre el presidente valenciano, Francisco Camps, podrá estudiarse en inglés. Esta posibilidad no asusta al Ministerio, sise dota de recursos. El sindicato STEPV cifra en 3 millones el gasto en salarios para darla en inglés en los centros públicos.
Es la segunda vía, principalmente dirigida a los que quieran acogerse a la objeción de conciencia contra la materia, la que no gusta al Ministerio. Esta opción B consiste en que los alumnos hagan un trabajo trimestral, también en inglés, con un manual avalado por los padres para garantizar su control sobre la formación.
El Gobierno recurrirá la orden valenciana, probablemente, por la vía contencioso-administrativa en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Con éste, ya son cinco los diseños autonómicos de Educación para la Ciudadanía recurridos por el Ejecutivo central. Los decretos de enseñanzas mínimas aprobados por Castilla y León, La Rioja, Murcia y Madrid, todos ellos gobernados por el PP, también están en los tribunales por no cumplir los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación.
Confrontación política
Por ello, Alumnia aprovechó para pedir al presidente del PP, Mariano Rajoy, que "ponga orden entre sus barones autonómicos" para que cumplan la Ley Orgánica de Educación aprobada por el Parlamento. "Si es que se atreve a poner orden con Esperanza Aguirre también", añadió.
Tras calificar la confrontación por la materia de "política" y no educativa, invitó a los conservadores a ver cómo se han desarrollado las clases en las regiones que se ha implantado y señalar con qué contenidos no están de acuerdo. No obstante, tendió la mano al PP para llegar a acuerdos sobre Ciudadanía, pero hablando sobre ideas y propuestas, no acerca de "ocurrencias", como la de Valencia.
Pero los populares insistieron ayer mismo en su batalla, al defender de nuevo el derecho a la objeción de conciencia. El diputado del PP Alfonso Alonso mandó un "mensaje de cariño" a los padres que objetan, al considerarlo una "lucha ejemplar en defensa de los derechos civiles". El portavoz educativo del Grupo Popular, Juan Antonio Gómez, manifestó que la materia es "un problema de alcance nacional".
Sin embargo, no cursar la materia tiene sus consecuencias para los alumnos. La principal es quedarse sin el título de ESO. "No cursar Educación para la Ciudadanía impide… pone las cosas muy difíciles para titular en ESO", advirtió Almunia.
Tres formas de burlar una ley
Clase presencial en inglés
La primera opción son clases de la materia en inglés impartidas por docentes con nivel "intermedio".
Un trabajo trimestral
También se podrá hacer un trabajo trimestral en inglés elegido de un manual aprobado por las familias.
Apoyo a los objetores
Aunque se espera que los objetores se acojan a la segunda vía, la Conselleria de Educación procurará que, si se plantea algún caso, el alumno reciba la "atención debida" y no quede "fuera del control del centro" cuando se imparta la materia.
