En septiembre se iniciarán los trabajos de las comisiones técnicas que abordarán los temas de fiscalidad y bienes inmatriculados.
El Gobierno ha recibido la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica en 2018, en una reunión mantenida entre el Subsecretario del ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio Hidalgo, y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello García, que estuvo acompañado por el vicesecretario general para Asuntos Generales, Carlos López Segovia y el vicesecretario general de Asuntos Económicos, Femando Giménez Barriocanal.
En el transcurso del encuentro, se ha concretado que, a partir del mes de septiembre, se iniciarán los trabajos de las comisiones técnicas entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española que se acordaron constituir en la reunión mantenida el pasado 24 de junio, entre la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan José Omella. Entonces, se acordó una ‘hoja de ruta’ para debatir «asuntos como la fiscalidad de la Iglesia, la protección a la infancia, las inmatriculaciones o la reforma del marco normativo de la educación». a fin de «establecer una agenda amplia de trabajo para avanzar en un modelo que permita la colaboración y la resolución de las posibles discrepancias que pudieran plantearse y se ha designado a las personas encargadas de ello».
Los trabajos en estas comisiones técnicas abordarán -entre otros- asuntos controvertidos como la fiscalidad y los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica. El Gobierno considera que ha llegado el momento de revisar determinados aspectos de la fiscalidad de la Iglesia católica y mantiene la intención de modificar la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dicha Ley dice textualmente: «Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades».
El objetivo principal es establecer que los lugares que gestionan las entidades religiosas y que no están dedicados al culto paguen su correspondiente impuesto sobre bienes inmebles, el IBI. El Gobierno de coalición considera que la Iglesia católica debería pagar el impuesto como ya hacen países como Francia o Italia, donde se lleva cobrando esta tasa, conocida como ICI, a los lugares eclesiásticos no dedicados al culto tales como colegios, gimnasios, comedores o viviendas particulares.
La necesidad de abordar las inmatriculaciones o apropiaciones realizadas por la Iglesia al amparo de la reforma de la Ley Hipotecaria del Gobierno Aznar
El otro asunto primordial a abordar son las inmatriculaciones de las que la Iglesia se benefició gracias a una dudosa ley aprobada por el Gobierno Aznar en 1998 que facultaba a cualquier representante de la Iglesia con atribuciones notariales. El listado de los bienes que la Iglesia ha puesto a su nombre en las últimas dos décadas asciende a 30.000 propiedades, según los datos que el Colegio de Registradores entregó al Gobierno de Pedro Sánchez en agosto de 2018. En esa lista hay lugares de culto (catedrales, iglesias, ermitas…), casas parroquiales o de maestro, plazas, fuentes, frontones, pero también todo tipo de parcelas e incluso inmuebles que nada tienen que ver con usos de carácter eclesiástico, tales como plazas de garaje o locales comerciales.
El listado, que aún no es de dominio público, debería ser dado a conocer por el Gobierno antes de iniciar cualquier proceso de recuperación de bienes inmuebles e inpugnación de ciertos “bienes de dominio público” que podría desembocar en una batalla legal entre Iglesia y Estado.
El grupo de expertos en el que participó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, concluyó en 2018 -por ejemplo- que la mezquita-catedral de Córdoba fue de titularidad pública hasta hace trece años (quince hoy), y que la Iglesia se apropió de este monumento gracias a la reforma de la ley franquista que permitía a la Iglesia Católica inscribir una propiedad sin demostrar que fuera suya. Dicho comité de expertos recomendó al Gobierno que impugnara en bloque todas las inmatriculaciones entre 1998 y 2015, años en los que los obispos inscribieron catedrales e iglesias hasta entonces consideradas bienes públicos.
