El Tribunal Supremo ha rechazado la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y confirmado su obligatoriedad. Así lo resaltó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para explicar después que el Ejecutivo no tiene previsto hacer ningún cambio en la normativa que regula la materia.
En los últimos días, las principales asociaciones promotoras del boicoteo a Ciudadanía han insistido en que el Gobierno se siente a negociar con ellos los contenidos que consideran inapropiados (básicamente, para eliminar los que tienen que ver con la moral) y evitar así la posibilidad de "adoctrinamiento". Ésa sería la única manera, dicen, de que no continúen sus movilizaciones, lo que incluye recurrir la sentencia del Supremo al Tribunal Constitucional y, si es necesario, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además de mantener su insumisión, impidiendo a sus hijos que cursen la materia.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, respondió ayer pidiendo a los padres que aún desconfían de la asignatura que vean lo que ésta realmente pretende: "Creo que la práctica demostrará todo el interés que puede tener en nuestros centros para formar a los más pequeños y más jóvenes para tener recursos ante la vida que les espera en sociedades que son complejas, heterogéneas y plurales".
"Habría que suprimirla"
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, insistió ayer, una vez más, en que "habría que suprimir" la asignatura de Ciudadanía. El líder del partido que ha declarado que apoyará a los padres insumisos hasta el final, aseguró que se trata de una materia "inútil" y que "hay cosas mucho más importantes" en Educación. Precisamente, el argumento de que hay cuestiones más urgentes -como mejorar las cifras de fracaso escolar- es la que usa el Gobierno para pedir que se acepte la asignatura, como ha hecho el Supremo, para poder seguir adelante.
La secretaria de Educación del PSOE, Cándida Martínez, calificó las palabras de Rajoy como "una absoluta falta de respeto". Martínez insistió, además, en que la sentencia del Supremo debería ser "el punto final" de la campaña de sabotaje del PP contra esta asignatura.
