La plataforma Recuperando lleva más de 15 años reclamando la devolución de las propiedades inmatriculadas por la Iglesia católica: creen que «por primera vez la Conferencia Episcopal admite apropiaciones» pero que el acuerdo con el Gobierno «sirve para legalizar la apropiación de casi 100.000 bienes».
«El Gobierno más progresista de la historia está convalidando la mayor estafa inmobiliaria de la historia». Recuperando, la coordinadora que integra a las plataformas que luchan por la recuperación del patrimonio incautado por la Iglesia, han mostrado su malestar ante el «inasumible y escandaloso apaño» –como califican al acuerdo firmado ayer entre Gobierno y Conferencia Episcopal– que, en su opinión, «sirve para legalizar la apropiación de casi 100.000 bienes inmatriculados por los obispos a su nombre».
En declaraciones a elDiario.es, desde la plataforma denuncian que, con decisiones como la de ayer, edificios emblemáticos como la mezquita de Córdoba, el tesoro mudéjar de Aragón o el arte prerrománico asturiano, «integrantes del valioso legado cultural» del Estado, seguirán en manos de la Iglesia.
«Ya denunciamos que nos estaban dejando de lado, y que había algún tipo de negociación oculta. Los hechos nos han dado la razón», sostiene Jorge García, uno de los responsables de la plataforma. Otro de sus portavoces, Antonio Manuel Rodríguez, denuncia que, con este pacto, el Ejecutivo legitima las tesis de los obispos, que sólo conceden «la migajas», menos de un 3% de los 35.000 bienes apropiados entre 1998 y 2015 gracias a una ley de José María Aznar.
«El Gobierno incumple así su compromiso programático, expresado solemnemente en el Congreso de los Diputados por el presidente Sánchez en su investidura, cuando anunció que promovería una reforma legislativa para ‘revertir las inmatriculaciones‘ practicadas por la Iglesia católica, por haberse ejecutado en virtud de una normativa claramente inconstitucional», recalca la plataforma, que insiste en que «el Gobierno ha negociado en la más absoluta opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía fiscal para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas documentales de propiedad».
La palabra «devolución»
Pese a todo, Recuperando apunta que «por primera vez, la Iglesia admite que se apropió de casi mil bienes que no eran suyos», aunque en ningún momento del comunicado conjunto aparece el término «devolución». Esto «pone de relieve a las claras que el privilegio inmatriculador que ha usado durante décadas le proporcionaba una ventaja sin garantías jurídicas y manifiestamente arbitraria». Los obispos se han limitado a explicar tras la reunión y en un vídeo publicado este martes que entregaron al Gobierno un documento en el que señalaban «errores» en el listado enviado por el Ejecutivo al Congreso de los Diputados.
#VÍDEO La Iglesia revela en un informe 1.000 bienes inmatriculados que no le constan.
Te lo explicamos? pic.twitter.com/zxCFxcj6ds— Of. Información CEE (@prensaCEE) 25 de enero de 2022
La plataforma continúa reclamado «la nulidad de todas las inscripciones episcopales por inconstitucionalidad manifiesta sobrevenida», algo que, «con el pacto Gobierno-Iglesia de ayer, parece muy lejano», opina Rodríguez. Paralelamente, las organizaciones patrimonialistas reclamarán «una reforma legislativa de la Ley de Patrimonio Histórico para identificar qué bienes del legado cultural tienen la consideración de dominio público y deberían, por tanto, ser protegidos de manera especial y salir fuera del tráfico mercantil», tal y como sucede en Francia o Portugal.
Finalmente, los representantes de la plataforma lamentan «la exclusión en las negociaciones de todas las asociaciones patrimonialistas que, desde hace 15 años, vienen trabajando para la recuperación del patrimonio inmatriculado indebidamente por la Iglesia. Y anuncia que seguirá reclamando un solución justa y constitucional a este expolio patrimonial sin precedentes».
Para Jorge García, se trata de «un pacto al margen de la soberanía nacional», en el que el Gobierno «ha optado por las conversaciones con la Iglesia, con opacidad». Al tiempo, recuerda: «Nos fijamos exclusivamente en el listado elaborado a partir de 1998, pero en el 78 ya estábamos en democracia, y en esos 20 años no hay listado ni nada, suma y sigue. Nos podríamos remontar al 46, y la cuadratura del círculo sería perfecta».
A su vez, denuncia cómo «hay 122 bienes que han vendido, que se inmatricularon de manera irregular, con la potestad de la autocertificación, y luego se ha vendido», tal y como adelantó elDiario.es. Esta salida no arregla nada, y es más, descubre todas las vergüenzas que llevamos denunciando tiempo». Para el responsable de Recuperando «este es un apaño que no nos convence, es precisa una modificación legislativa, que se negocie con luz y taquígrafos, no esta componenda», concluye.
