La ultraderecha lanza una nueva ofensiva en Madrid y Andalucía.
El Gobierno de España, si es necesario, como ya hizo en el caso de Murcia hace unos meses, llevará a los tribunales las regulaciones de las Comunidades Autónomas que implanten la censura parental que promueve Vox sobre contenidos educativos obligatorios. “La posición del ministerio es clarísima. Si se impide que unos menores reciban contenidos obligatorios, se vulnera el derecho a la educación. Si [el Gobierno] lo recurrió una vez, lo recurrirá otra. Si se llega a implantar, desde luego. La obligación es garantizar el derecho de los menores”, indicaron a Público fuentes oficiales del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que dirige la ministra Isabel Celaá.
El asunto de la censura parental en la escuela estaba fuera del debate público después de que el curso pasado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendiese primero de manera cautelar la instrucción del Gobierno de Fernando López Miras (PP) que permitía a los padres impedir que sus hijos recibieran la misma educación que los demás, según su criterio, y, después, al finalizar el curso, lo archivase sin tomar una decisión definitiva.
Sin embargo, ahora Vox lo ha recuperado y lo ha vuelto a poner, después de los comicios en Catalunya, en primera línea del debate político en las Comunidades en las que sus gobiernos, formados por coaliciones de PP y Ciudadanos, dependen del partido de Santiago Abascal, además de Murcia, Andalucía y Madrid.
La censura parental que promueve Vox consiste en darle a una familia el poder de vetar actividades educativas complementarias en los centros educativos, como por ejemplo, charlas de sexualidad, de hábitos saludables y celebración de efemérides. La nueva Ley de Educación está basada –entre otros pilares– en la idea de que la escuela es fundamental, por ejemplo, para una buena educación afectivo-sexual y para prevenir el acoso laboral, sexual y, por tanto, promueve estos contenidos, que son precisamente los que pretende combatir Vox.
En Andalucía, la ultraderecha ha amenazado al Gobierno con retirarle el apoyo parlamentario si no se aprueba una suerte de veto. En Madrid, pretende condicionar los presupuestos, entre otros asuntos, a la censura. Y, en Murcia, el Ejecutivo ya aceptó el veto en su momento, aunque fue descafeinado por los tribunales.
De momento, Ciudadanos ha rechazado las imposiciones de Vox –”no vamos a ceder en este asunto”, afirmaron fuentes de la dirección de Inés Arrimadas, informa Marta Monforte– y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), también al afirmar que la censura no es “necesaria” y que ella respeta el trabajo de los profesores.
Por el contrario, tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP), han asegurado a los ultras que van a cumplir con sus compromisos. Lo que está por ver es el cómo los cumplen y hasta donde llega Moreno, un hombre que, en su talante y discursos muestra un un perfil moderado, pero cuyo puesto depende de Vox: fue el primero en blanquear sus postulados y en firmar acuerdos con la ultraderecha.
Lo que hace unas semanas pactó el consejero Javier Imbroda, nombrado por Ciudadanos, quien ya se opuso a la censura en el anterior asalto de la ultraderecha, con el portavoz de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, para evitar que este tumbase un decreto-ley, es lo siguiente: impulsar en el sistema educativo andaluz “el establecimiento de un sistema transparente de información a los padres a través del cual se impulse […] el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias”.
Mientras Moreno ha interpretado que esto conlleva una “autorización” de la familia, es decir, una suerte de veto, y Bendodo considera que el problema es “semántico”, el vicepresidente, Juan Marín, dijo lo contrario que el presidente y rechazó con claridad la censura que pretende Vox: “Está muy claro que en Andalucía no se va a implantar el pin parental porque no está en ningún acuerdo. Lo que sí va a haber es total transparencia para los padres a la hora de conocer las actividades extraescolares que sus hijos van a llevar a cabo. Eso es lo que se firmó y lo que se va a cumplir”, según recoge Europa Press. Hasta donde ha podido saber Público, la decisión del vicepresidente Marín es firme: no habrá censura en Andalucía tal y como la concibe Vox.
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