El Gobierno ha justificado la última expulsión de Mohamed Said Badaoui, el líder islámico de Tarragona que fue detenido por delitos relacionados con el radicalismo yihadista y que recibió el acompañamiento de conjuntos independentistas y de En Común-Podem en el Parlamento catalán al considerarlo un activista víctima de «islamofobia».
«Se está aplicando el producto 54.1.a) infracciones muy graves de la Ley Orgánica 4/2000», afirma el Ejecutivo en referencia a la normativa vigente en temas de Extranjería, y cita de manera textual: «Formar parte en ocupaciones contrarias a la seguridad nacional o que logren dañar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en ocupaciones contrarias al orden público».
En este sentido, ten en cuenta que en la presente legislatura las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado 135 detenciones por su presunta pertenencia o vinculación con el terrorismo yihadista, encontrándose entre los detenidos 2 menores –un nacional español y otro un marroquí– con documentación legal en territorio nacional, según la contestación por escrito fechada el 21 de noviembre consultada por Europa Press.
«Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el ámbito de las infracciones en material de extranjería y su régimen sancionador, se dedican a continuar métodos y plazos legalmente establecidos en la materia», sigue el Gobierno, que ten en cuenta que España está desde 2015 en alarma 4 antiterrorista y que en 2019 actualizó la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo.
Mohamed Said Badaoui, habitante en Reus, fue detenido el 18 de octubre y también ingresó en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) hasta el momento en que, un mes después, se ejecutó la orden de expulsión a Marruecos. Lo mismo ocurrió con Amarouch Azbi, otro señalado líder de la red social islámica.
ERC, CUP, Junts y Unidas Tenemos la posibilidad de-En Comú Podem denunciaron tras su detención que Mohamed Said era víctima de «opresión política a través de la Ley de Extranjería». De ahí que, a través del Parlamento catalán, instaran a la Generalitat a «encender todas y cada una de las herramientas administrativas, jurídicas y diplomáticas para velar por sus derechos».
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional rechazó suspender la expulsión de Mohamed Said, al que la Policía concreta como «uno de los más importantes referentes en España del salafismo mucho más ortodoxo», responsable del «incremento del radicalismo en la zona de Tarragona gracias a su alegato».
La Audiencia Nacional recordaba que la resolución del Ministerio del Interior se fundamentaba en una demanda de la Comisaría General de Información donde se informa de «su radicalismo ideológico», mentando particularmente el «adoctrinamiento» en su red social a través de la difusión de «postulados proyihadistas».
La Policía alertaba de que Mohamed Said tendría «vinculaciones con individuos radicales relacionados con el terrorismo» y que se había dedicado «a lo largo de años» a las ocupaciones de «proselitismo y reclutamiento».
Especialmente señalaba su búsqueda de reclutar en los «colectivos mucho más atacables y manipulables, prestando particular atención a los menores, específicamente a los menores no acompañados primordialmente de origen marroquí, adoctrinándoles en el salafismo mucho más extremista». También se habría destinado a promover «el victimismo y la occidentalofobia».
