“Es inadmisible que el PP conceda de esta forma beneficios fiscales y económicos a una asociación que acosa a las mujeres». No es la primera vez que el Gobierno declara de utilidad pública a una asociación ultracatólica
El Gobierno de Mariano Rajoy declaró el pasado mes de junio asociación de utilidad pública a la entidad ultra y antiabortista Más Futuro, una condición que permite un régimen fiscal más favorable y ventajas legales como asistencia jurídica gratuita. La asociación aboga por la ilegalización del aborto y ha participado en escraches a las puertas de los hospitales para presionar e intentar impedir que las mujeres decidan libremente ejercer su derecho al aborto.
El nombramiento en el BOE generó polémica. Sobre todo, si se tiene en cuenta, que un año antes el Gobierno había retirado la consideración de utilidad pública a la Federación de Planificación Familiar Estatal, dedicada a concienciar sobre la salud y los derechos sexuales. El senador de En Comú Podem Joan Comorera realizó una pregunta escrita al Gobierno para que explicara «las razones» que habían motivado al Gobierno y si consideraba que esta asociación respetaba los valores constitucionales y la promoción de los derechos humanos, entre otras preguntas.
El Gobierno ha contestado, por una parte, realizando un corta pega de la Ley Orgánica que regula el Derecho de Asociación, en concreto, de la parte que señala los requisitos de las asociaciones para ser declaradas de utilidad pública. Por otra, establece que la asociación defiende «la defensa de los derechos naturales del ser humano, de manera especial, el respeto a la vida del ser humano desde su concepción hasta su extinción natural en toda su plenitud y dignidad». Dicho, de otra manera, el Gobierno justifica la declaración de utilidad pública de una entidad antiabortista por ser, precisamente, antiabortista.
Asimismo, el Gobierno ha señalado que esta asociación también ayuda a mujeres embarazadas con riesgo de exclusión social o la protección de las personas con especial atención a la mujer. «Todos ellos son fines lícitos que encajan dentro del concepto de interés general», sentencia el Ejecutivo en su respuesta.
La respuesta del Gobierno, en opinión del senador, es más que insuficiente. Por una parte, no contesta prácticamente a nada de lo que se le pregunta. Por otra, considera que la misma respuesta dada por el Gobierno serviría para justificar «la declaración de interés público de una asociación franquista por defender la unidad de España, aún cuando la visión de país que se promocione sea contraria a nuestra Constitución y a la idea misma de Democracia».
“Es inadmisible que el PP conceda de esta forma beneficios fiscales y económicos a una asociación que acosa a las mujeres que libremente deciden abortar, un derecho que recoge y garantiza la Ley”, denuncia en declaraciones a Público el senador Comorera, que señala que el posicionamiento del PP en este caso «no responde al interés general, ni a la promoción de la tolerancia o los derechos humanos, sino que se motiva en la intención de favorecer a sus correligionarios ideológicos”.
Correligionarios ideológicos
No es la primera vez que el Gobierno declara de utilidad pública a una asociación ultracatólica. Este fue el caso de la asociación Hazte Oír, que fue reconocida en 2013, y que es conocida por su polémico autobús transfóbico. El pasado mes de marzo, Unidos-Podemos y el Partido Socialista pidieron al Gobierno que retirase la calificación de utilidad pública a Hazte Oír, después de su mediática campaña con el denominado «autobús del odio».
