Bolaños y la Conferencia Episcopal mantienen negociaciones en las que no se encuentra el plan de Carmen Calvo para modificar la Ley de Mecenazgo. Sí hay avances para revisar la Seguridad Social de los religiosos.
El Gobierno ha desechado implantar en esta legislatura el cobro del IBI a los lugares de la Iglesia que no son de culto. A un cajón. La que fuera una de las grandes apuestas de Carmen Calvo en la Vicepresidencia del Gobierno queda ahora relegada coincidiendo con la audiencia que este lunes el Papa Francisco concedió a Félix Bolaños. El ministro de la Presidencia y responsable de las relaciones con la Conferencia Episcopal española pretende mantener hasta el final de legislatura una etapa de entendimiento con El Vaticano y la cúpula de la calle Añastro.
Bolaños se presentó en Roma en son de paz. Era su primer cara a cara con Francisco, tras los viajes del propio Sánchez, el de Calvo y el de Yolanda Díaz de diciembre. Moncloa quiere entendimiento con la Santa Sede y así quedó en evidencia en el encuentro de cincuenta minutos. El ‘CEO’ del Gobierno de Sánchez definió el encuentro como “inspirador” porque a ambas administraciones le unen los mismos valores, como el diálogo, la solidaridad y la ayuda a los que tienen más dificultades. Hablaron de los abusos a menores y de las inmatriculaciones.
Pero el cobro del IBI a colegios, gimnasios, comedores o viviendas particulares queda fuera de estas conversaciones que datan del primer mandato de Sánchez. No está ahora sobre la mesa, explican fuentes de las negociaciones sobre la posibilidad de que estos lugares que no se dedican al culto abonen la correspondiente tasa municipal. Gobierno e Iglesia coinciden en este sentido, si bien esta medida, que Calvo impulsó, no forma parte del pacto de coalición sellado por PSOE y Unidas Podemos en diciembre de 2019.
Para poder facilitar que los ayuntamientos cobren el IBI a los inmuebles que no son de culto sería necesario modificar la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Calvo trabajó en ello y llegó a decir que la Iglesia era una “pieza disonante” en la situación fiscal; la Conferencia Episcopal, en cambio, nunca lo vio. La vicepresidenta se fijó entonces en la tasa similar que se aplica en Italia, conocida como ICI, a lugares eclesiásticos no dedicados al culto. Lo mismo ocurre en Francia. El objetivo de Moncloa y de Hacienda, por tanto, era que la Iglesia española tribuyera como lo hace en otros países de nuestro entorno.
Pero el equipo de Bolaños no quiere un enfrentamiento con la Iglesia y por eso ha congelado ‘sine die’ este plan. La Conferencia Episcopal también ha insistido en que si se cambiara la Ley de Mecenazgo el cobro del IBI también tendría que aplicarse a inmuebles de otras entidades no lucrativas como sindicatos, fundaciones (algunas de partidos políticos), ONG, federaciones deportivas… y el resto de confesiones religiosas, así como a la Cruz Roja. “¿Por qué deberíamos salir nosotros de este régimen fiscal y no otras entidades dedicadas a fines no lucrativos?“, se preguntan en Añastro.
El artículo 15 de la citada Ley 49/2002 recoge que “estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades”. El Gobierno y la Conferencia Episcopal tienen constituidos grupos de trabajo para negociar
En los grupos de trabajo creados para hablar de diferentes cuestiones, como las inmatriculaciones o los abusos a menores, no se ha debatido la problemática del IBI. Desde que llegó Bolaños al ministerio ha desaparecido de la agenda. La actitud del titular de Presidencia es aplaudida por la Conferencia Episcopal, que insiste en que las relaciones con el Ejecutivo se deben regir por el principio de “no privilegio, no discriminación”.
Desde la Iglesia se muestran partidarios de llegar a entendimientos con el Gobierno. Por ejemplo, se está negociando el estatuto de Seguridad Social de los religiosos. Monjes o frailes, entre otros, que tienen que hacerse autónomos en este momento. Lo que pretende la Conferencia Episcopal es que puedan convertirse en asalariados, como ya lo son los sacerdotes o los obispos. Las negociaciones, como decimos, siguen abiertas con el Ministerio que dirige José Luis Escrivá, en este caso.
También hay avances con las llamadas inmatriculaciones, que son bienes que la Iglesia registró en su día a su nombre. El inmueble más paradigmático de este listado es la Mezquita de Córdoba. La Conferencia Episcopal se compromete a devolver bienes que admite como matriculados incorrectamente, pero no los que figuran en el listado del Gobierno. Hay algún caso de edificios que ahora mismo está oculto bajo las aguas de un pantano.
El Gobierno, con el viaje de Bolaños a la Santa Sede, cimienta la relación con la Iglesia, que continuará a través de los citados grupos de trabajo ya en España. Las relaciones, en el caso del Ejecutivo, están lideradas por el ministro y por el subsecretario de Presidencia, Alberto Herrera, que también estuvo en Roma este lunes. Por la Conferencia Episcopal, su presidente, Juan José Omella, siempre en contacto con El Vaticano, y su vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal.
