Los evangélicos habían pedido ‘neutralidad’ a la Casa Real
La Federación evangélica escribió a la Casa Real a principios de agosto con motivo de la participación del Jefe de Estado en la misa y ‘ofrenda del Apóstol’ el pasado mes de julio
FEREDE no ha recibido hasta ahora respuesta alguna ni acuse de recibo de su carta enviada el 5 de agosto al Jefe de la Casa Real
Sí lo ha hecho el Gobierno de España; entre sus reclamos FEREDE vuelve a poner de manifiesto la necesidad de un protocolo de neutralidad religiosa para los actos oficiales en los que participen cargos públicos, lo que obviamente es competencia del Ejecutivo
“Desde el Gobierno de España se ha encargado a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa (CALR), en la que están representadas todas las confesiones y de la que también forman parte expertos, profesores y catedráticos de reconocida competencia en la materia, la elaboración de un informe sobre la situación de la libertad religiosa y de conciencia en nuestro país”.
Con estas palabras, en una carta de fecha 31 de agosto firmada por el director de Gabinete de la Presidencia, Óscar López Águeda, el Gobierno de España ha respondido a la carta de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) en la que pide a Su Majestad el rey Felipe VI que en su calidad de Jefe de Estado evite participar activa y oficialmente en actos religiosos confesionales, como sucedió el pasado 25 de julio en el Día del Apóstol, donde el Rey presidió una misa católica e hizo entrega de una ofrenda floral al santo “Patrón de España”.
FEREDE no ha recibido hasta ahora respuesta alguna ni acuse de recibo de su carta enviada el 5 de agosto al Jefe de la Casa Real.
Sí, en cambio, le ha respondido el Gobierno, al que la Federación evangélica envió copia de la misma para su conocimiento e información; y también, porque entre sus reclamos FEREDE vuelve a poner de manifiesto -por enésima vez- la necesidad de que se diseñe y establezca un protocolo de neutralidad religiosa para los actos oficiales en los que participen cargos públicos, lo que obviamente es competencia del Ejecutivo.
