Muchas de esas medidas ya venían recogidas de anteriores programas electorales del PSOE sin que se pusieran en marcha durante su gobierno. Otras ni aparecían en el de Podemos. La propia ley de libertad de conciencia se quedó en un cajón durante el gobierno Zapatero, la ley de eutanasia se rechazó en el Congreso, la ley de seguridad sigue igual,… Las inmatriculaciones siguen sin darse a conocer pese a estar en el Ministerio de Justicia y ni siquiera se han comprometido a publicarlas… Es probable que se repita la estrategia Zapatero y se haga algún avance en temas de salud y derechos sexuales e igualdad, pero los avances en laicidad y eliminar o recortar privilegios a las confesiones religiosas no parece que sean prioridad de esta coalición, y ojalá nos equivoquemos.
El pacto PSOE-Unidas Podemos para la formación de un Gobierno de coalición prevé un amplio paquete de medidas sociales, entre ellas el derecho a una muerte digna o eutanasia. Según los firmantes, “daremos una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la sociedad actual en relación con el final de la vida. Para ello, impulsaremos una ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, así como la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, y su inclusión en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud”.
El Gobierno de coalición aprobará además una ley sobre libertad de conciencia que garantizará la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas.
Además, se aprobará una nueva ley de seguridad ciudadana, que sustituirá a la “ley mordaza” para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción “progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal”.
La revolución en el terreno de los derechos civiles que preparan Sánchez e Iglesias prevé una serie de medidas en favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva de la diversidad, como una ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación; una legislación contra la discriminación de las personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión; y una normativa “trans” que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas del colectivo transexual en todos los ámbitos.
“Combatiremos la discriminación de las personas LGBTI en el deporte; adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia en la educación y en el empleo de la población gitana; impulsaremos y fortaleceremos un marco integral legislativo y político que erradique los discursos y los delitos de odio para garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y con especial atención sobre grupos de especial protección. Y garantizaremos el acceso a la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas, así como la aplicación efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima”.
Además, se impulsará la formación de todos los operadores jurídicos, administrativos y sociales que intervienen en la respuesta ante estas vulneraciones de derechos humanos. “Seguiremos avanzando en la consolidación del Pacto Social contra el Sida, puesto en marcha en noviembre de 2018, impulsado desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y consensuado con los agentes sociales e institucionales y que incluye medidas para garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y los plenos derechos de las personas afectadas”.
José Antequera
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