El Gobierno de Cantabria continúa dando pasos para cumplir no solo con la Ley de Memoria Democrática del Estado, sino también con la legislación autonómica. Y en este sentido, la actuación del bipartito PRC-PSOE no se limita únicamente a requerir a los ayuntamientos que retiren toda la simbología franquista de sus calles y espacios públicos (muchos de ellos, como es el caso de Santander, siguen manteniéndolos más de una década después), sino que va a ir más allá y retirar todos estos hitos vinculados al franquismo de las iglesias de la región.
Lo ha confirmado la propia directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, Zoraida Hijosa, quien ha señalado en declaraciones a los medios que Gobierno y Obispado han llegado a un acuerdo para que, junto a las obras de iglesias y templos religiosos que el Ejecutivo cántabro financiará en la región, se eliminen los símbolos franquistas que todavía queden en estos edificios.
Evidentemente, la Iglesia está obligada a cumplir la ley, y en este caso, a retirar todo aquello que haga referencia al régimen de Franco. Lo que se intenta con este acuerdo es garantizar que dichas actuaciones se llevan a cabo, a diferencia de lo que está ocurriendo con ayuntamientos como el de Santander, que todavía mantiene vigente un callejero franquista debido a la gestión de PP y Cs.
De hecho, cuando en octubre de este mismo año entraba en vigor la Ley de Memoria Democrática del Gobierno de España, la capital cántabra tenía hasta 15 calles con nombres franquistas, como son son Alto de los Leones, Alféreces Provisionales, Belchite, Brunete, Camilo Alonso Vega, Capitán Cortes, Carlos Haya, García Morato, General Díaz de Villegas, General Dávila, General Moscardó, Montejurra, Ruiz de Alda, Sanrgentes Provisionales y Zancajo Osorio.
Y lo hace incumpliendo no solo la legislación estatal o autonómica, sino su propia normativa municipal, que estableció el cambio de denominación de algunas de estas calles entre 2016 y 2017, aunque eso fue únicamente sobre el papel: las placas de los nombres franquistas permanecen en las paredes de esas calles. La propia Hijosa, en un acto el pasado 31 de octubre, apuntaba a Santander como el Ayuntamiento que “menos” ha cumplido con la ley.
Ya entonces, la directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica apuntó a que se iba a estudiar la posibilidad de que la retirada de simbología franquista afecte también a establecimientos, instando así “a todas las personas jurídicas o físicas a que retiren todos los símbolos franquistas que van en contra de la Ley”.
