El Gobierno cree que la moción ultra de Jumilla es una «desviación de poder» contra la libertad religiosa

El requerimiento enviado al ayuntamiento murciano tiene pocas opciones de prosperar, pero es el paso previo al recurso a los tribunales

La Abogacía del Estado señala el texto inicial de Vox y las declaraciones posteriores del partido para acreditar la inconstitucionalidad del acuerdo

Dada la mayoría que el PP y Vox tienen en el Ayuntamiento de Jumilla, el requerimiento del Gobierno enviado al municipio para que anule el acuerdo que impedirá de facto la celebración de festividades musulmanas en el pabellón deportivo municipal de la localidad cuenta, a priori, con muy pocas opciones de prosperar. Pero el escrito supone el último trámite administrativo antes de que el Ejecutivo recurra ante los tribunales de lo contencioso-administrativo la moción presentada por Vox y luego blanqueada por el equipo de gobierno del PP con el objetivo claro de impedir en dependencias municipales los actos religiosos que la comunidad musulmana de esa localidad venía celebrando desde hace décadas sin ningún tipo de problema y siempre con licencia del Ayuntamiento, según explicó el coordinador de la Comisión Islámica de la Región de Murcia, Walid Habbal.