Ninguno de los cinco expedientes acompañados por Justicia desde 2020 ha prosperado
El Ejecutivo catalán fue pionero con la publicación, en 2020, de un listado que ponía luz sobre el fenómeno de las inmatriculaciones eclesiásticas. Se trata de las propiedades inscritas por la iglesia en el Registro de la Propiedad, ofreciendo solo la firma de un obispo como prueba. La lista recogía 3.722 de esas situaciones, con especial énfasis en las producidas entre 1998 y 2015: figuraban no solo templos de culto sino también terrenos rústicos o ermitas que han terminado por tener usos sociales. El Departamento de Justicia anunció entonces la creación de la Oficina de Mediación sobre Inmatriculaciones para interlocutar con los obispados. La consejera Gemma Ubasart certificó, a raíz de una pregunta de la CUP en el Parlament, el fracaso de esta vía, pues en tres años ninguno de los cinco expedientes abiertos prosperó.
